La Justicia ordena que se investigue si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incurrió en un conflicto de intereses al aprobar el multimillonario rescate de Air Europa en plena pandemia
Corrupción17 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un golpe inesperado en el tablero político: la Justicia ordena que se investigue si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incurrió en un conflicto de intereses al aprobar el multimillonario rescate de Air Europa en plena pandemia. La clave: los vínculos de su esposa, Begoña Gómez, con empresas del grupo Globalia, matriz de la aerolínea, que a la vez se beneficiaron del salvavidas público.
El tribunal no ha dictaminado que exista delito ni infracción, pero ha considerado que los indicios son lo bastante serios como para que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) no pueda dar carpetazo al asunto. El fallo ordena “retrotraer actuaciones” y obliga al Ejecutivo a revisar de nuevo un episodio que lleva años generando sospechas.
El rescate en cifras y las dudas que persisten
En noviembre de 2020, el Gobierno aprobó un rescate de 475 millones de euros a Air Europa, el mayor de los concedidos por el fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. El argumento oficial era claro: evitar la quiebra de una aerolínea clave para la conectividad del país y preservar miles de empleos.
Pero pronto surgieron las preguntas:
¿Por qué Air Europa fue la primera empresa en recibir el salvavidas público?
¿Hubo trato de favor frente a otras compañías en apuros?
¿Se tuvo en cuenta la relación de la familia presidencial con Globalia?
La oposición denunció que la operación estaba contaminada por la cercanía entre el Ejecutivo y el grupo empresarial beneficiado.
El papel de Begoña Gómez
El foco se centra en Begoña Gómez, esposa del presidente y directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Según las investigaciones periodísticas, Gómez habría mantenido vínculos profesionales y académicos con Globalia y con empresarios que buscaban el respaldo del Gobierno en plena crisis.
En concreto, se señala que:
Globalia participó en proyectos vinculados a la cátedra que dirigía Gómez.
Directivos del grupo habrían mediado en actos o programas en los que colaboraba la esposa del presidente.
Al mismo tiempo, la empresa negociaba con la SEPI un rescate vital para su supervivencia.
La coincidencia temporal resulta políticamente explosiva: mientras el Gobierno liberaba cientos de millones de dinero público, la red profesional de Gómez se beneficiaba de apoyos o colaboraciones de las mismas empresas.
La ética en entredicho
Más allá de la legalidad, el caso plantea un problema de credibilidad institucional. El presidente del Gobierno, que debería ser garante de imparcialidad y transparencia, queda bajo sospecha por no haberse abstenido en una decisión con claros nexos personales.
La Justicia no acusa directamente a Sánchez, pero sí señala la necesidad de investigar si incumplió el régimen de conflictos de interés de altos cargos. Un régimen diseñado precisamente para evitar que el poder político se mezcle con intereses privados.
Para la oposición, el caso es paradigmático de un modo de gobernar en el que lo personal y lo público se confunden. Desde el Partido Popular y Vox acusan a Sánchez de utilizar recursos del Estado para favorecer a su entorno más próximo.
El silencio del Gobierno
Desde Moncloa se insiste en que todo se hizo conforme a la ley y que el rescate de Air Europa obedeció únicamente a criterios económicos y de interés general. Sin embargo, la falta de explicaciones detalladas y la resistencia inicial a que la Oficina de Conflictos de Intereses investigara alimentan la percepción de opacidad.
El Gobierno ha tratado de reducir la polémica a una “maniobra de la oposición” y a “acusaciones sin pruebas”, pero ahora la orden firme del TSJM desmiente esa versión: la investigación debe realizarse, guste o no a Sánchez.
Lo que está en juego
Este episodio abre un debate más amplio sobre la forma en que se gestiona el poder en España:
¿Se utilizan los resortes del Estado para favorecer a círculos empresariales cercanos al Gobierno?
¿Se están confundiendo los intereses de la nación con los intereses familiares del presidente?
¿Qué consecuencias políticas y jurídicas tendría un eventual hallazgo de irregularidades?
Lo cierto es que, aunque el proceso acabe archivado, el desgaste ya es significativo. Cada nueva revelación mina la confianza ciudadana en un Ejecutivo que prometió regeneración y ejemplaridad.
La sombra que no desaparece
Pedro Sánchez ha tratado de proyectar la imagen de un líder reformista, europeísta y comprometido con la modernización del país. Sin embargo, la sombra del conflicto de intereses amenaza con empañar esa narrativa.
El rescate de Air Europa, presentado en su día como un gesto de responsabilidad económica, hoy se examina como un posible caso de favoritismo ligado a intereses familiares. La Justicia ha hablado: se debe investigar. Y en democracia, cuando se trata del uso de dinero público, la transparencia no es una opción, sino una obligación.
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