La utilización durante décadas de un inmueble de titularidad pública como sede del PSOE en la localidad pacense de Don Benito ha abierto un profundo debate político y administrativo en Extremadura. Documentación oficial de la Junta de Extremadura acredita que no existe contrato de alquiler, convenio vigente ni cesión formal que ampare el uso del edificio por parte del partido socialista, pese a que el inmueble pertenece a la administración autonómica.
El caso pone en cuestión no solo la legalidad de la ocupación del edificio, sino también el funcionamiento de los mecanismos de control patrimonial y fiscal durante años, en un contexto marcado por responsabilidades políticas cruzadas y decisiones administrativas controvertidas.
Un edificio público sin cobertura jurídica
El inmueble en cuestión se encuentra en el número 8 de la calle Cecilio Gallego, en pleno centro urbano de Don Benito. Se trata de un edificio de tres plantas, con una superficie aproximada de 492 metros cuadrados, construido en 1970 y cuya titularidad corresponde a la Junta de Extremadura, actualmente adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.
Pese a ello, el edificio ha sido utilizado durante décadas como sede local del PSOE sin que conste documentación administrativa que justifique dicha ocupación. Según las respuestas emitidas por la Junta de Extremadura a través de su Portal de Transparencia, no existen ingresos por alquiler ni constancia de arrendamiento alguno, ya que nunca se formalizó un contrato con el partido político.
Una cesión limitada y nunca renovada
El origen de esta situación se remonta a 1984, cuando el Gobierno autonómico presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra firmó un convenio por el cual el inmueble fue cedido al Ayuntamiento de Don Benito por un periodo de tres años. El objetivo de aquella cesión estaba claramente delimitado: el fomento de actividades sociales, culturales, juveniles y deportivas, estableciendo además que el edificio debía tener un uso preferentemente social y deportivo.
El convenio fijaba de forma expresa su duración y contemplaba la posibilidad de renovación o rescisión por mutuo acuerdo. Sin embargo, no consta que dicha cesión fuese renovada una vez vencido el plazo, ni tampoco que el Ayuntamiento haya traspasado legalmente el uso del inmueble a terceros.
De hecho, tras una consulta formal, el propio Ayuntamiento de Don Benito ha confirmado que no existe en su archivo municipal ningún documento que acredite la cesión del edificio al PSOE ni la firma de convenio alguno relacionado con el uso político del inmueble.
Un edificio fuera del inventario municipal
El vacío documental se agrava al comprobar que el inmueble no figura inscrito en el inventario de bienes del Ayuntamiento, ni como bien de dominio público ni como bien patrimonial. Tampoco consta adscripción a ningún servicio municipal ni utilización por parte de la administración local, lo que refuerza la idea de una ocupación de hecho sin respaldo jurídico.
En cuanto a los gastos corrientes, la Junta de Extremadura ha aclarado que no asume el pago de suministros como agua o electricidad, que han sido abonados directamente por el PSOE. No obstante, este hecho no supone en ningún caso una regularización legal del uso del edificio.
El impago del IBI y la alerta administrativa
La polémica adquirió dimensión pública cuando una reclamación de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), emitida por el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz, puso en alerta a los servicios de la Junta de Extremadura. Hasta ese momento, desde la administración autonómica se desconocía que el edificio estuviese siendo utilizado como sede de un partido político.
La notificación reveló la existencia de una deuda acumulada superior a los 13.000 euros, correspondiente a impagos desde el año 2016. La situación resulta especialmente llamativa al tratarse de un inmueble público cuya gestión fiscal debería haber estado claramente definida.
Reformas, licencias y decisiones controvertidas
El edificio fue objeto de una importante reforma en 2021, con un coste aproximado de 44.000 euros. La licencia de obras fue concedida por el entonces alcalde de Don Benito, que simultáneamente ejercía como secretario general del PSOE en la localidad. Dos años antes, ese mismo responsable municipal había realizado consultas técnicas interesándose por una posible compra del inmueble, lo que demuestra un conocimiento previo de la situación jurídica del edificio.
La reforma se llevó a cabo en un contexto de notable opacidad. Durante meses no se hizo público ni el coste exacto de las obras ni la base legal que justificaba la inversión en un inmueble cuya titularidad no pertenecía al partido.
Fallos de control fiscal y responsabilidades políticas
Desde 2005, el OAR es el organismo encargado de la gestión y recaudación del IBI en la provincia de Badajoz. Pese a ello, el impuesto correspondiente al inmueble no fue reclamado durante años, incluso cuando el organismo estaba bajo la dirección de responsables políticos vinculados al mismo partido que utilizaba el edificio.
En 2023, la dirección del OAR pasó a manos de un nuevo responsable que, meses después, asumió también la dirección del PSOE en Don Benito. A pesar del cambio, la situación fiscal del inmueble no se regularizó de inmediato.
Paralelamente, este dirigente ha sido objeto de polémica por el cobro de dietas por kilometraje durante meses en los que no figuraba como titular de ningún vehículo, así como por irregularidades en la declaración de bienes y en el uso de vehículos vinculados a empresas familiares, hechos que han suscitado dudas sobre el cumplimiento de la normativa de incompatibilidades.
Un caso que trasciende lo local
El uso prolongado de un inmueble público sin cobertura legal, el impago de tributos durante años, la falta de control administrativo y la acumulación de decisiones adoptadas por responsables políticos directamente implicados convierten este asunto en algo más que una polémica municipal.
El caso de la sede del PSOE en Don Benito plantea interrogantes de fondo sobre la gestión del patrimonio público, la igualdad ante la ley de las formaciones políticas y la eficacia de los mecanismos de fiscalización institucional. También reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de bienes públicos, especialmente cuando confluyen intereses políticos y responsabilidades administrativas.
Mientras tanto, sigue sin aclararse cómo, cuándo y por qué un inmueble de la Junta de Extremadura terminó convertido en la sede de un partido político durante décadas sin respaldo jurídico conocido, una pregunta que permanece en el centro del debate político regional.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
