El Gobierno regulariza en el último año a 274.838 inmigrantes con derecho a voto

El último año ha dejado al descubierto lo que ya era un secreto a voces: Pedro Sánchez utiliza la inmigración como arma electoral. Según los datos oficiales del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), el Gobierno ha regularizado a 274.838 inmigrantes con derecho a voto en tan solo doce meses.

Una cifra que, sumada a los más de 3,3 millones de extranjeros con residencia en vigor, confirma que no estamos ante una política migratoria seria y ordenada, sino ante un plan calculado de manipulación demográfica.

Papeles a cambio de votos
El patrón es evidente: Sánchez concede papeles, nacionalidad y subvenciones a colectivos enteros de inmigrantes con la expectativa de que se conviertan en votantes fieles. No se trata de integración ni de justicia social. Se trata de comprar poder con dinero público. Cada residencia, cada nacionalización y cada ayuda económica es un movimiento dentro de un tablero en el que lo único que importa es prolongar la estancia del PSOE en la Moncloa.

Mientras millones de españoles luchan por llegar a fin de mes, por pagar el alquiler o acceder a una vivienda digna, el Gobierno prioriza a quienes llegan de fuera, otorgándoles ventajas que los nacionales no disfrutan. ¿Qué mensaje se manda a la población española? Que su sacrificio es secundario, que el Estado les da la espalda para concentrarse en quienes pueden garantizar la continuidad electoral del socialismo.

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La gran trampa de Sánchez
La estrategia no es nueva: crear redes clientelares a base de ayudas y privilegios. Lo escandaloso es que ahora se aplica a gran escala con la inmigración. Marruecos (25%), Ucrania (9%), China (8%), Colombia (7%) y Venezuela (6%) concentran más de la mitad de las regularizaciones. Comunidades enteras que, en poco tiempo, pasarán de residir a decidir el futuro político del país.

Sánchez no integra: utiliza. No construye cohesión social: divide. No piensa en España: piensa en sí mismo.

Una democracia secuestrada
En cualquier democracia madura, el voto es la expresión de una ciudadanía consolidada, fruto de un proceso de pertenencia y compromiso real con la nación. Aquí, en cambio, se devalúa: se convierte en mercancía barata que se otorga a cambio de subvenciones, pagas y beneficios sociales.

Estamos, de hecho, ante una forma de pucherazo encubierto. No se manipulan las urnas el día de las elecciones, pero se manipula el censo con años de antelación. Se prepara el terreno para que, cuando los españoles de siempre ya no sean suficientes para sostener a Sánchez, entren en escena cientos de miles de nuevos votantes agradecidos con los favores del Gobierno.

España en segundo plano
Mientras tanto, los problemas reales de los españoles siguen sin respuesta: la precariedad laboral, la inflación, el colapso sanitario, la falta de vivienda y la inseguridad en las calles. Sánchez prefiere mirar hacia otro lado, volcando los recursos en quienes le sirven como base electoral.

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El resultado es un país fracturado, con una población que percibe cómo se les arrebatan oportunidades en nombre de una supuesta “solidaridad” que, en realidad, no es más que electoralismo disfrazado de humanidad.

El poder por encima de España
Pedro Sánchez no gobierna para los españoles, gobierna para sí mismo. Su objetivo no es garantizar la prosperidad del país, sino comprar votos y asegurarse la Moncloa a cualquier precio. Y lo hace hipotecando el futuro de la nación, enfrentando a comunidades y vaciando de valor la ciudadanía española.

La pregunta ya no es si España puede soportar una política migratoria tan masiva. La pregunta es si España puede soportar mucho más tiempo a un presidente que ha convertido la regularización de inmigrantes en una máquina de fabricar votos.

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