El presidente de la Confederación del Júcar afirma ante la juez que conocía el caudal del Poyo pero no avisó

La tragedia del barranco del Poyo sigue levantando ampollas en la Comunitat Valenciana. Las declaraciones judiciales de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), han confirmado lo que muchos ya sospechaban: las autoridades sabían que el caudal del Poyo se disparaba a niveles críticos, pero decidieron callar, condenando a miles de vecinos a la incertidumbre y a la indefensión frente a una riada anunciada.

El reconocimiento que destapa la negligencia
En sede judicial, Polo reconoció que fue informado personalmente de que el caudal del Poyo alcanzaba los 1.600 metros cúbicos por segundo. No fue un rumor ni una estimación vaga: un técnico de la propia Confederación entró en la sala de la Junta de Gobierno para comunicarle la magnitud de la crecida. Y sin embargo, el presidente de la CHJ no trasladó el aviso a la Generalitat ni a los ayuntamientos afectados.

Este silencio deliberado se prolongó durante más de dos horas críticas (entre las 16:13 y las 18:43 del 29 de octubre de 2024), justo cuando la crecida se volvía exponencial, según los informes posteriores de la Guardia Civil. Cuando finalmente se emitió el aviso, el caudal ya había sobrepasado con creces los niveles de riesgo. Para muchos vecinos, era demasiado tarde.

Una cadena de responsabilidades políticas
El caso del Poyo no es solo un problema técnico o administrativo. Es un fracaso político monumental. La Confederación del Júcar depende del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido en aquellos días por el Gobierno de Pedro Sánchez y, en la Comunitat Valenciana, con la connivencia de un ejecutivo autonómico de izquierdas que llevaba años presumiendo de "gestión verde" y "resiliencia climática".

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La realidad ha sido otra: opacidad, negligencia y propaganda.

Mientras se lanzaban campañas sobre la “seguridad hídrica” y la “modernización tecnológica”, los sistemas de alerta más elementales fallaban en el momento decisivo.

Mientras se hablaba de “transición ecológica justa”, los ciudadanos de Torrent, Catarroja, Alfafar o Massanassa se enfrentaban a la fuerza brutal del agua sin una advertencia a tiempo.

Mientras se culpaba al cambio climático de cada desgracia, se ocultaban responsabilidades concretas y nombres propios.

El relato oficial frente a la evidencia
La izquierda ha intentado blindar a Polo y minimizar lo ocurrido. La CHJ sostiene que el sistema SAIH seguía transmitiendo datos cada cinco minutos. Pero aquí está la trampa: los datos existían, pero no se tradujeron en avisos a la población ni a los responsables de emergencias. En otras palabras, los técnicos sabían lo que estaba pasando, pero la cadena política no quiso reaccionar.

El informe de la Guardia Civil es demoledor: la Confederación no emitió ningún aviso entre las 16:13 y las 18:43, a pesar de que ya se habían superado los umbrales de riesgo establecidos. ¿Cómo se explica ese “apagón” informativo? ¿Quién dio la orden de no comunicar? ¿Quién decidió priorizar la calma institucional antes que la seguridad ciudadana?

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Una cultura de la impunidad
La gestión del barranco del Poyo se ha convertido en el espejo de una forma de gobernar que prima la propaganda sobre la prevención, la ideología sobre la responsabilidad. No se trata de un error puntual: es el reflejo de un sistema donde cargos designados a dedo, como Polo, se convierten en escudos políticos del poder de turno, en lugar de garantes del interés público.

Los vecinos pagaron las consecuencias de un silencio que hoy se intenta maquillar. Pero la pregunta de fondo sigue en el aire: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con sistemas automáticos y protocolos claros, se oculte información vital a la población?

Exigir responsabilidades
El silencio de Polo no puede quedar impune. Pero tampoco el de quienes lo nombraron, lo respaldaron y lo mantuvieron en un cargo estratégico. Cada vida perdida, cada familia que lo perdió todo, tiene derecho a saber que no fue solo la lluvia ni el azar: fue también la inacción cómplice de una administración capturada por intereses políticos.

Si la izquierda quiere hablar de justicia climática, debería empezar por asumir su responsabilidad en esta tragedia. Y si la sociedad valenciana y española aspira a no repetir episodios como el del Poyo, debe exigir algo más que dimisiones a regañadientes: debe exigir una rendición de cuentas política y judicial a la altura del daño causado.

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