Impacto España Noticias
El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
Esta investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción a comienzos de 2022. Aquella denuncia, formulada por un particular, dio lugar a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que pronto halló indicios de un entramado de corrupción institucional en torno a la contratación pública durante la pandemia de la COVID-19.
En esas primeras pesquisas aparecieron los nombres de Koldo García Izaguirre, Víctor Gonzalo de Aldama Delgado y, finalmente, José Luis Ábalos Meco, quien había sido ministro de Transportes en el Gobierno de España y ocupaba en el momento de los hechos un escaño en el Congreso de los Diputados.
El caso, conocido popularmente como el “caso Koldo”, nació de las investigaciones sobre los contratos de emergencia firmados por la Administración General del Estado y diversas empresas públicas para la adquisición de material sanitario durante los meses más duros de la pandemia. Según la Fiscalía, aquellos contratos habrían servido de cobertura para un sistema de cobro de comisiones ilícitas, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, en el que confluyeron empresarios, asesores y altos cargos públicos.
De las diligencias iniciales abiertas en la Audiencia Nacional, concretamente en el Juzgado Central de Instrucción número 2, se derivó un procedimiento abreviado en el que comenzaron a acumularse declaraciones, informes policiales y registros domiciliarios que apuntaban hacia una red bien estructurada de favores políticos y económicos.
De la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo
En octubre de 2024, el juez instructor de la Audiencia Nacional consideró que había indicios suficientes que afectaban a José Luis Ábalos, entonces diputado, y remitió una Exposición Razonada al Tribunal Supremo para que valorara la posibilidad de asumir la causa, dado su fuero parlamentario. El Supremo aceptó la competencia y designó como instructor al magistrado Leopoldo Puente Segura, quien asumió el mando de las investigaciones.
En diciembre de ese mismo año se ofreció a Ábalos la posibilidad de declarar voluntariamente y se tomó declaración como investigados a Koldo García y Víctor de Aldama. El paso siguiente fue la solicitud formal al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro, trámite que culminó con la autorización concedida por el Pleno el 22 de enero de 2025.
Desde ese momento, el procedimiento experimentó una intensa actividad procesal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, practicó registros, incautó documentación y elaboró informes que revelaron un panorama cada vez más amplio de presuntas irregularidades.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos llego al Tribunal Supremo a su comparecencia ante el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.
Se tomaron declaraciones a decenas de testigos, se solicitaron informes a organismos públicos como ADIF, Puertos del Estado, la Dirección General de Carreteras, la Agencia Tributaria, TRAGSATEC o INECO, y se recabó abundante información bancaria y tributaria.
Las investigaciones apuntaban a una trama de pagos periódicos en metálico, favores empresariales y adjudicaciones amañadas en beneficio de empresas vinculadas al entorno de Víctor de Aldama, que a su vez mantenía estrechos vínculos personales y económicos con el exministro Ábalos y con su asesor Koldo García.
En este último auto, el Tribunal Supremo sostiene que la trama investigada no fue un episodio aislado, sino un sistema prolongado en el tiempo, articulado para obtener beneficios económicos ilícitos a través del aprovechamiento de cargos públicos.
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