El presidente de la CHJ omitió al Gobierno la riada del Poyo en su llamada, pese a conocerla

La DANA que azotó la Comunidad Valenciana dejó una huella imborrable, con el barranco del Poyo concentrando la mayor parte de las víctimas. Sin embargo, la magnitud de la catástrofe no solo se explica por la fuerza de la tormenta, sino también por una falla sistémica en la comunicación de alertas y decisiones cuestionables que agravaron la emergencia.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, declaró ante el Juzgado de Catarroja que no tuvo conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo hasta las 18:45, cuando ya se habían producido la mayoría de los incidentes.

 Este retraso evidencia un apagón informativo crítico, que se prolongó incluso después de esa hora. A pesar de la gravedad de la situación, la CHJ se limitó a enviar un correo electrónico protocolario sobre la crecida, sin que se hiciera mención alguna en el Cecopi, el centro encargado de coordinar la emergencia.

El listado de llamadas de ese día refuerza la alarma. Miguel Polo recibió 20 llamadas, ninguna de las cuales abordó la avenida letal de la cuenca del Poyo. Incluso la conversación que mantuvo con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, a las 19:30, no incluyó información sobre el riesgo inminente ni sobre las consecuencias que se estaban produciendo.

La desconexión entre la CHJ y las autoridades superiores revela no solo un fallo institucional, sino una ausencia de responsabilidad en la transmisión de información crítica, que pudo contribuir directamente a las muertes y daños materiales.

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A esto se suma un factor aún más grave: la apertura de compuertas de presas sin aviso previo a las autoridades locales ni a la población. Decisiones como esta, tomadas durante la emergencia y sin coordinación con los organismos de protección civil, incrementaron significativamente el caudal de agua en zonas ya vulnerables, multiplicando los riesgos de inundación.

La combinación de falta de comunicación y maniobras hidrológicas no anunciadas convierte esta tragedia en un ejemplo de cómo la gestión institucional puede amplificar los efectos de un desastre natural.

La gestión de esta emergencia plantea preguntas graves sobre la transparencia y eficacia de los organismos públicos encargados de proteger a la ciudadanía en situaciones de riesgo. La lentitud en la comunicación, la minimización de alertas y la falta de aviso sobre decisiones críticas como la apertura de presas no solo ponen en evidencia fallos técnicos, sino que también sugieren una intención de ocultar información sensible que hubiera permitido a las autoridades locales y a los ciudadanos tomar decisiones más acertadas para protegerse.

Las consecuencias de este apagón informativo y de estas decisiones no coordinadas son dramáticas y perfectamente prevenibles. La ciudadanía, los medios de comunicación y los órganos de investigación tienen ahora acceso a registros que demuestran que la información crítica estaba disponible, pero no se transmitió a tiempo, dejando en evidencia una gestión deficiente que debe ser explicada y asumida por quienes estaban al mando.

Mientras se investigan las responsabilidades judiciales y políticas, queda claro que la tragedia del barranco del Poyo no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza. La falla en la comunicación, la opacidad institucional y la apertura de presas sin aviso fueron elementos determinantes que amplificaron el desastre. La exigencia de transparencia y la rendición de cuentas son ahora más urgentes que nunca, si se pretende evitar que episodios similares se repitan.

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