Ribera autorizó a Forestalia, empresa investigada por la UCO, la instalación de molinos eólicos en zonas donde se lo prohibió a otras empresas

El Ministerio de Transición Ecológica ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras rechazar un gran parque eólico proyectado en la comarca turolense del Matarraña, al considerar que su ejecución supondría un daño severo e incompatible con la conservación de especies protegidas. La decisión, adelantada por TO, contrasta de forma llamativa con autorizaciones concedidas en la misma zona apenas dos años antes, durante la etapa de Teresa Ribera al frente del departamento.

 La resolución negativa afecta a un proyecto impulsado por la empresa Green Capital, que contemplaba la instalación de decenas de aerogeneradores en crestas de alto valor ambiental. Los informes técnicos subrayan el riesgo crítico para aves como el buitre leonado o el águila perdicera, además de advertir de impactos relevantes sobre masas forestales y flora sensible. Para el ministerio, esos efectos resultan directamente inasumibles.

 Lo llamativo es que en ese mismo enclave, y con afecciones ambientales similares, sí se dio luz verde en 2023 a otro macroproyecto eólico promovido por Forestalia. Aquella iniciativa recibió una Declaración de Impacto Ambiental favorable para 48 molinos, pese a que en la zona habitan especies catalogadas en peligro de extinción o como especialmente vulnerables, entre ellas la alondra ricotí, el milano real y la propia águila perdicera.

Forestalia, sin embargo, no llegó a ejecutar las obras pese a contar con los permisos, lo que dejó el terreno libre para que Green Capital retomara su propuesta, iniciada incluso antes en términos administrativos. Su plan era más ambicioso, con hasta 86 aerogeneradores, una treintena de ellos ubicados exactamente en los mismos puntos que el proyecto autorizado previamente. Aun así, el criterio ambiental cambió de forma radical.

Este giro coincide con el avance de la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativa sobre la conocida como trama SEPI, un entramado de intermediarios que presuntamente cobraba comisiones a cambio de facilitar rescates y contratos públicos. Según las pesquisas, uno de los sectores donde se habrían concentrado estas maniobras es el de las energías renovables, especialmente beneficiado por los fondos europeos posteriores a la pandemia.

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La investigación apunta a la actividad de consultores y ex altos cargos, entre ellos Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y analiza el papel de distintas administraciones en la tramitación de ayudas y permisos. En ese contexto, Forestalia aparece bajo el foco por haber obtenido supuestamente más de 17 millones de euros en subvenciones públicas para una de sus filiales.

Durante los años en que Teresa Ribera dirigió Transición Ecológica —un departamento clave dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez—, el ministerio fue responsable directo de autorizar proyectos renovables de gran potencia, especialmente los que superaban los 50 megavatios. Esa competencia estatal permitió a determinadas compañías acumular permisos estratégicos con rapidez.

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