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Estados Unidos ha pasado a la ofensiva judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En apenas cuatro semanas, la Justicia norteamericana ha emitido cinco sentencias en contra de España por incumplir laudos internacionales vinculados a las energías renovables. La factura asciende ya a 480 millones de euros y eleva de forma drástica el riesgo de embargos sobre activos españoles en Norteamérica.
El momento no es casual. Washington observa con creciente desconfianza la política exterior de Moncloa: la complicidad frente al terrorismo de Hamás en Gaza, la cercanía con Venezuela y los lazos con China han deteriorado la relación con la Administración Trump, que no oculta su malestar y advierte de represalias en el terreno económico.
El último revés se conoció este martes, cuando el Tribunal de Distrito de Columbia confirmó el laudo del CIADI a favor de Cube Infrastructure, que reclama una indemnización por los recortes retroactivos del marco retributivo a las renovables introducidos bajo Mariano Rajoy. La compañía había invertido en tres plantas fotovoltaicas e instalaciones hidroeléctricas en España, y el fallo la reconoce como acreedora de 40 millones de euros, incluidos intereses y sobrecostes.
Este caso se suma a los de Watkins, Antin, RREEF e Infrared, cuyas demandas han prosperado también en los tribunales estadounidenses. En total, las cinco sentencias elevan la deuda a 480 millones de euros, consolidando un patrón claro: los jueces norteamericanos rechazan de plano los argumentos del Estado español.
Hasta ahora, los abogados del Estado han sostenido que, al tratarse de compañías europeas, los laudos no deberían ejecutarse en territorio estadounidense. Pero las resoluciones consecutivas han pulverizado esa estrategia. España se enfrenta ahora al mismo escenario que ya padeció en Reino Unido y Bélgica, donde se embargaron edificios y cuentas bancarias, y al que amenaza con repetirse en Australia, con sentencias recientes igualmente desfavorables.
El origen de esta batalla se remonta a 2015, cuando Cube inició el arbitraje contra España tras el recorte a las renovables. En 2019, el CIADI ya había impuesto un pago de 33,7 millones. El impago del Gobierno ha sumado intereses, hasta alcanzar los 40,2 millones. Con las demás condenas, la factura supera ya los 480 millones.
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