Mientras tanto, los partidos mayoritarios en España, PP y PSOE, siguen sin ofrecer un plan coherente que proteja a los agricultores, limitándose a cumplir con las directrices europeas sin garantizar compensaciones reales ni medidas de apoyo que permitan al sector
Nacional26 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
La agricultura española se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la publicación del último informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre Inundaciones en los Estados miembros.
Desde Unión de Uniones, la segunda mayor organización de agricultores del país, se advierte que las recomendaciones de Bruselas colocan a España en una situación crítica, especialmente para las explotaciones de regadío, que aunque representan apenas el 23% de la superficie cultivada, generan el 65% de la producción final agrícola nacional.
El endurecimiento de las normativas europeas no se limita al agua: se prevén restricciones drásticas en el uso de fertilizantes y plaguicidas, lo que podría provocar una caída significativa de los rendimientos agrícolas. La organización alerta que, sin alternativas viables, la reducción en la fertilización se traducirá en menores cosechas, mientras que la subida de costes de insumos pondrá a muchos agricultores al borde de la inviabilidad.
Pero la preocupación no termina en los campos de cultivo. La ganadería también se ve afectada, con limitaciones más severas sobre la gestión de purines y estiércoles, así como un mayor control de la densidad ganadera en zonas vulnerables. Todo apunta a que los sectores que sostienen gran parte de la producción nacional estarán doblemente castigados por medidas que parecen diseñadas más para cumplir objetivos ambientales europeos que para preservar la competitividad y el bienestar de los trabajadores del campo.
La regulación del agua: un golpe directo al regadío
Si algo destaca en el informe europeo es la propuesta de restringir el uso del agua en la agricultura, revisando las concesiones de riego, ajustando las extracciones a la disponibilidad real y aplicando tarifas más altas. Para un país donde la mayoría de la producción agrícola depende de los regadíos, estas medidas representan un golpe directo a la columna vertebral del sector agrario español.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parece impulsar una agenda ambiental implacable, ignorando el mensaje claro de los agricultores que, en manifestaciones masivas, alertaron sobre la inviabilidad de un modelo que estrangula la producción nacional. Mientras tanto, los partidos mayoritarios en España, PP y PSOE, siguen sin ofrecer un plan coherente que proteja a los agricultores, limitándose a cumplir con las directrices europeas sin garantizar compensaciones reales ni medidas de apoyo que permitan al sector adaptarse a los nuevos requerimientos.
Competitividad en peligro y tratados comerciales contradictorios
Los agricultores critican que, mientras se endurecen las normas internas, la Unión Europea continúa firmando tratados comerciales, como el de Mercosur, que permiten la entrada de productos importados con estándares ambientales mucho menos exigentes que los aplicados a la producción europea.
Esta doble vara de medir socava la competitividad del sector nacional y genera una injusticia directa para quienes producen cumpliendo las regulaciones más estrictas.
Falta de apoyo real: más restricciones, menos recursos
La sensación entre los agricultores es de abandono. No existen medidas claras para cubrir los costes adicionales ni compensar las pérdidas de producción derivadas de la nueva normativa.
La política agrícola común (PAC) sigue cargando sobre los hombros de quienes producen alimentos, mientras el presupuesto destinado a la sostenibilidad y la adaptación es insuficiente. Unión de Uniones denuncia que se trata de un ciclo interminable:
más restricciones, más condicionalidad y menos apoyo económico, sin que PP ni PSOE planteen soluciones concretas que garanticen la supervivencia de las explotaciones.
Exigencias del campo: equilibrio y justicia
El sector agrario insiste en la necesidad de un análisis de impacto previo antes de implementar cualquier medida que pueda afectar su productividad.
Además, exigen que los productos importados cumplan las mismas exigencias ambientales que los europeos y que no se adopte ninguna regulación sin prever fondos suficientes para compensar los perjuicios económicos y financiar las inversiones necesarias para adaptarse a los nuevos requisitos.
En definitiva, los agricultores españoles enfrentan un momento crítico. Entre las presiones de Bruselas y la pasividad de los gobiernos nacionales, el sector corre el riesgo de perder competitividad, viabilidad y parte de su identidad productiva. Si no se buscan soluciones equilibradas que combinen sostenibilidad con rentabilidad, la agricultura española podría pagar un precio muy alto por decisiones políticas que ignoran la realidad del campo.
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