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Dos décadas después de los contactos previos al «alto el fuego permanente» de ETA en 2006, han salido a la luz las actas redactadas por la propia banda sobre aquellas negociaciones. Son los documentos incautados en Burdeos al etarra Francisco Javier López Peña, alias Thierry, en mayo de 2008, a los que ha tenido acceso The Objective.
En esas notas, los terroristas ponían nombres en clave: a José Luis Rodríguez Zapatero lo llamaban «Gorburu» (jefe rojo o cabeza de Gobierno), mientras que los enviados del Ejecutivo figuraban con la letra «G» y los de la organización con la «E». El principal interlocutor del Gobierno fue Jesús Eguiguren, al que más tarde se unió el penalista José Manuel Gómez Benítez.
Las reuniones comenzaron en 2005. El Gobierno exigía que ETA mostrara «voluntad de avanzar hacia un alto el fuego definitivo» y presionaba para que utilizase una fórmula más contundente. A cambio, se comprometía a «hablar con los franceses» para rebajar la presión policial. Zapatero temía, según las actas, que los contactos salieran a la luz en plena fase de ratificación.
El mediador de la Fundación Henri Dunant se alineó con los etarras, defendiendo que no podía hablarse de tregua definitiva mientras no hubiese garantías. Ante esto, Eguiguren insistió en que el alto el fuego debía ser «de un nivel superior» al de los años noventa, con el Gobierno de Aznar. Así nació el término «permanente».
En otra de las reuniones se pactaron los párrafos de la declaración oficial del Gobierno para anunciar el inicio de contactos. ETA dejó por escrito que ambas delegaciones llegaron a un acuerdo en presencia del mediador. El 29 de junio de 2006, Zapatero compareció en el Congreso utilizando casi al pie de la letra ese guion.
Los anexos fijaban que el diálogo se circunscribiría a las provincias vascas y Navarra mediante «mesas de diálogo» con mayoría cualificada. Se incluían cuestiones como presos, desmilitarización, exiliados y víctimas, además de la promesa de que, si el proceso avanzaba, ETA mostraría voluntad de un cese definitivo, siguiendo el modelo del IRA.
Pero el proceso ya estaba tocado de muerte cuando Zapatero anunció públicamente los contactos. Una semana antes, el 22 de junio de 2006, ETA había entregado una carta de Josu Ternera para el presidente del Gobierno, quejándose de la «ruptura de las garantías» y de que se hablara públicamente de la «debilidad de ETA». La banda acusaba al Ejecutivo de saboteador tras las últimas detenciones, como la de 13 miembros de su aparato de extorsión el 20 de junio.
Eguiguren admitió que la situación era complicada y reconoció que el proceso tendría «problemas», aunque aseguró que tanto él como Rubalcaba y el propio presidente querían mantenerlo vivo. Para tranquilizar a los etarras, llegó a prometer que Batasuna sería legalizada de nuevo en otoño y que se buscarían fórmulas para suavizar la doctrina Parot.
Incluso reconoció que el Gobierno estudiaba «soluciones para la financiación de la banda» mediante una organización internacional, a cambio de que ETA dejara de enviar cartas de extorsión. Según los papeles, los propios enviados de Zapatero admitieron que el ministro tenía «un montón de cartas» que no había hecho públicas.
Las actas revelan también que el Ejecutivo se quejaba de las presiones del PP, de la prensa y de la AVT, y acusaba a los jueces de haberse convertido en «instrumento» de la oposición. Como muestra de su buena voluntad, el Gobierno recordaba el relevo en la Audiencia Nacional con la salida de Eduardo Fungairiño.
Pero Ternera no se dio por satisfecho. Acusó al Ejecutivo de incumplir lo pactado, denunció una «continuidad represiva» y advirtió de que «el incumplimiento de las garantías impide seguir con el proceso». El clima quedó envenenado y, aunque hubo una segunda reunión al día siguiente, la desconfianza ya marcaba un camino sin retorno.
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