Impacto España Noticias
El Gobierno ha recibido hasta la fecha 876.321 solicitudes de nacionalización en virtud de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, de las cuales 240.000 ya han sido concedidas según datos del pasado mes de julio, lo que representa cerca del 27% del total.
Así lo explicó el ministro socialista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayando que la cifra definitiva se conocerá el próximo 31 de diciembre, cuando finalice el plazo de la prórroga concedida para tramitar estas solicitudes. La prórroga, que debía acabar en octubre de 2024, fue ampliada hasta finales de año con el objetivo de dar salida a todas las peticiones acumuladas.
Una ley con alcance histórico
La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la nacionalidad española a los descendientes, hasta segunda generación, de aquellos que en su exilio, “por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.
El texto también abre la puerta a otros supuestos:
Los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con ciudadanos de otra nacionalidad antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Los hijos mayores de edad de aquellas personas a quienes se les reconoció la nacionalidad de origen en virtud de la propia Ley de Memoria Democrática o de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Con esta ampliación, el Ejecutivo ha querido reparar lo que considera una deuda pendiente con el exilio y sus descendientes.
Críticas: burocracia, retrasos y acusaciones políticas
Sin embargo, la puesta en práctica de la ley ha estado marcada por la saturación de los consulados y los largos retrasos administrativos. Según diversos medios, hasta abril de 2025 apenas un 30% de las solicitudes se había transformado en inscripciones registrales, lo que ha generado frustración entre los solicitantes y críticas sobre la falta de medios.
A nivel político, la oposición ha denunciado que el Gobierno estaría utilizando la norma como una herramienta electoral, con el objetivo de “buscar nuevos votantes” entre los nacionalizados. El Ejecutivo rechaza esas acusaciones y defiende la ley como una medida de justicia histórica.
La controversia judicial: el caso Sofía Puente
El debate ha dado un salto judicial con la querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
La denuncia acusa a Puente de presunta prevaricación en la concesión de nacionalidades bajo la Ley de Memoria Democrática, al considerar que la administración ha interpretado la norma de manera arbitraria, excluyendo a algunos descendientes de exiliados —como los llamados “exiliados económicos”— o favoreciendo resoluciones al margen de la Ley de Extranjería.
El Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar los hechos. Aunque por ahora no existe imputación formal ni fallo judicial, la causa ha intensificado la polémica y ha colocado el tema en el centro del debate político.
Entre la reparación y la disputa
La aplicación de la Ley de Memoria Democrática se encuentra así en un terreno intermedio: entre quienes la consideran un acto de reparación histórica hacia miles de familias que sufrieron el exilio, y quienes critican tanto su ejecución práctica como sus posibles motivaciones políticas.
De cara al 31 de diciembre, el Gobierno tendrá que rendir cuentas sobre cuántas solicitudes han sido resueltas, cuántas concedidas y cuántas rechazadas. Y, en paralelo, la Justicia deberá determinar si las acusaciones de irregularidades administrativas tienen sustento legal o forman parte de la batalla política que acompaña a esta ley desde su aprobación en 2022.
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