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Siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación
Corrupción03 de octubre de 2025La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que instruye en la Audiencia Nacional (AN) el caso PSOE permiso para investigar el patrimonio de los investigados Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras, por su papel de supuestos «facilitadores de asistencia» para los presuntos amaños de obra pública.
Así lo solicita la unidad investigadora en un oficio, y remitido al juez instructor Ismael Moreno, para llevar a cabo un estudio al respecto.
«Siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere», justifica su petición.
Lo hacen tras incidir en que en los hechos investigados en la causa, que también instruye en paralelo el Tribunal Supremo por el aforamiento del exministro José Luis Ábalos, «han revelado» que tanto el actual diputado del Grupo Mixto como su exasesor Koldo García «habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras».
La UCO señala que se encuentra en la fase de análisis de la información intervenida en los registros del pasado junio en los domicilios de ambos investigados y de requerimientos al Ministerio de Transportes y Adif.
«Y bajo la premisa de proseguir en el esclarecimiento de los hechos investigados, deviene necesaria la realización de un estudio económico/tributario de los dos investigados, que ha de contextualizarse con el análisis de la documentación intervenida en los últimos registros», explica.
Para ello solicita al juez instructor que, si lo considera oportuno, emita mandamientos judiciales a una docena de bancos para que le remitan información sobre cuatro cuentas de Pardo de Vera y una treintena de Herrero, en las que «figuran o han figurado como titulares, autorizados y/o representantes».
La UCO pide excluir las cuentas bancarias relacionadas con Adif como entidad pública o entes relacionados, así como una de la comunidad de propietarios «Villa Coral», vinculada a Herrero y que, bajo su punto de vista, «carece de interés para la investigación».
Del exdirector de Carreteras menciona que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project, S.R.L.U, «dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico», y como titular real de la mercantil Palta Naturae S.L, «dedicada al cultivo de frutos tropicales y subtropicales».
También pide que emita un mandamiento a la Agencia Tributaria para que aporte un informe sobre ambos «para el período comprendido entre los ejercicios 2017 a 2024» que contenga las cuentas bancarias en las que figuran, movimientos de dinero, bienes inmuebles tanto en España como en el extranjero, relaciones societarias, declaraciones fiscales, donaciones o si tienen cajas de seguridad alquiladas.
En su oficio, la UCO incide en que, según el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que derivó a la AN la investigación sobre Pardo de Vera y Herrero, se aprecian «indicios» de que habrían ayudado a que «las adjudicaciones proyectadas» por Ábalos y García «pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía».
Los investigados añaden que, en su informe sobre la presunta implicación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama, reflejan una conversación de Cerdán con el exasesor de Ábalos en la que «se mostraban preocupados» por que el entonces secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, pudiese pretender cesar a Herrero por su insistencia en la licitación del Puente del Centenario de Sevilla, una de las obras investigadas.
En este sentido, explican que Cerdán «parecía preocupado por la posibilidad de que terminasen desprendiéndose de Herrero, puesto que podría 'contar lo que hay', a lo que Koldo preguntó si 'a ellos les queda claro lo que le prometieron', de lo que se desprende que Herrero tenía información que pudiera resultar comprometedora para Santos y Koldo, y que unos terceros le habrían realizado una promesa en compensación por el hecho de ejercer la presión para la consecución de la obra del Puente del Centenario».
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