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María Jesús Montero, ha condicionado la puesta en marcha de las ayudas destinadas a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Así lo expresó este miércoles en el Congreso durante un enfrentamiento con la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, a quien advirtió con un “a ver qué votan” cuando el Gobierno presente las nuevas cuentas públicas.
Durante su intervención, Muñoz reprochó al Ejecutivo su falta de compromiso real con los afectados por la enfermedad, recordando que, desde el inicio de 2025, casi un millar de personas con ELA han fallecido sin haber recibido la ayuda económica prometida.
La diputada popular acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “engañado” a los pacientes tras fotografiarse con ellos en La Moncloa y prometer una financiación que —según denunció— nunca llegó.
“Su Gobierno va a caer. El problema es que los enfermos de ELA no tienen tiempo”, manifestó Muñoz, insistiendo en que la falta de recursos no puede ser una excusa, dado que Hacienda ha gestionado en los últimos años miles de millones de euros en otras partidas. Según la parlamentaria, solo se necesitan 230 millones para aplicar la ley.
La ministra Montero respondió acusando al PP de “utilizar políticamente” la situación de los pacientes y subrayó que el Ejecutivo ha impulsado “avances sociales sin precedentes” a lo largo de la legislatura.
No obstante, evitó concretar una fecha para la aplicación de las ayudas, limitándose a señalar que el Gobierno presentará “una generación de créditos” en los próximos días para financiar las medidas recogidas en la Ley ELA. “A ver qué vota el PP cuando traigamos a este Parlamento esa propuesta”, advirtió.
La Ley ELA, aprobada por unanimidad en octubre de 2024, establece que es el Estado —y no las comunidades autónomas— quien debe garantizar la financiación de estas ayudas dentro del marco de la Ley de Dependencia. Sin embargo, un año después de su aprobación, la norma sigue sin ejecutarse.
Desde las asociaciones de pacientes y familiares se ha reclamado reiteradamente que la aplicación de la ley no se condicione a los equilibrios políticos o presupuestarios, insistiendo en que la urgencia de los enfermos requiere una respuesta inmediata y efectiva.
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