En los hospitales, pacientes con enfermedades degenerativas como la ELA aguardan meses —e incluso años— para recibir la atención o las ayudas prometidas por la Administración. Asociaciones de afectados denuncian que los recursos no llegan y que las familias deben asumir solas el coste de los cuidados
09 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
El Gobierno ha aprobado recientemente más de 65 millones de euros en ayudas internacionales, una cifra que incluye 9,4 millones destinados a proyectos humanitarios en Colombia, 600.000 euros para Paraguay y 3,7 millones para Honduras, entre otras partidas bajo el paraguas de la denominada “cooperación internacional”.
Sin embargo, la noticia ha provocado un profundo malestar en distintos sectores sociales, que cuestionan la oportunidad de estas transferencias en un momento en que España atraviesa una de las crisis económicas y sociales más graves de las últimas décadas.
Crisis interna y prioridades cuestionadas
Mientras la deuda pública supera el 110 % del PIB y el déficit continúa desbordado, los ciudadanos afrontan una presión fiscal récord, alquileres imposibles, listas de espera sanitarias históricas y una precariedad creciente en los servicios públicos.
En los hospitales, pacientes con enfermedades degenerativas como la ELA aguardan meses —e incluso años— para recibir la atención o las ayudas prometidas por la Administración. Asociaciones de afectados denuncian que los recursos no llegan y que las familias deben asumir solas el coste de los cuidados y los equipos básicos que les permiten vivir con dignidad.
Ante esta realidad, la decisión del Ejecutivo de destinar decenas de millones al extranjero ha generado un profundo debate sobre las prioridades del gasto público. ¿Puede un país que no garantiza plenamente la asistencia a sus enfermos más vulnerables permitirse transferencias millonarias fuera de sus fronteras?
Transparencia y control
A la polémica se suma la falta de información sobre el destino concreto de los fondos. El Gobierno no ha detallado qué entidades o programas serán los receptores directos del dinero ni qué mecanismos de control se aplicarán para garantizar que las ayudas cumplen realmente su finalidad humanitaria.
Fuentes parlamentarias y expertos en cooperación advierten de que la gestión de estos fondos suele carecer de una auditoría exhaustiva, y en muchos casos los resultados no se publican de manera accesible al ciudadano. En un contexto de déficit de transparencia, se alimenta la sospecha de que estas partidas podrían responder más a intereses diplomáticos o afinidades ideológicas que a una estrategia humanitaria planificada.
Una política exterior con fines internos
No son pocas las voces que interpretan esta política de cooperación como un instrumento de proyección internacional del Gobierno, especialmente hacia América Latina, donde varios ejecutivos mantienen vínculos políticos y personales con el entorno socialista iberoamericano.
Los programas de “género”, “inclusión social” o “sostenibilidad” en el extranjero, que absorben millones de euros, contrastan con la realidad de un país donde la pobreza infantil roza el 30 %, donde los jóvenes no pueden emanciparse y donde miles de personas mayores sobreviven con pensiones mínimas.
En palabras de varios analistas, la cooperación internacional es una herramienta legítima y necesaria, pero debe ser compatible con la atención a las urgencias nacionales. “No se trata de dejar de ayudar al mundo, sino de poner primero en orden nuestra propia casa”, señalan.
La imagen exterior frente al bienestar interior
El Ejecutivo presume de compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la solidaridad internacional. Sin embargo, cada nuevo anuncio de ayudas exteriores se percibe en amplios sectores sociales como un gesto de desconexión con la realidad cotidiana de los ciudadanos.
Los contribuyentes españoles ven cómo su esfuerzo fiscal se destina a proyectos lejanos mientras en su entorno inmediato faltan médicos, cuidadores, plazas residenciales, becas y apoyo a la dependencia.
La contradicción es evidente: se exhibe una política exterior generosa mientras los propios ciudadanos padecen una administración lenta, saturada y burocrática, incapaz de atender con eficacia los dramas humanos dentro de nuestras fronteras.
España ha sido históricamente un país solidario y comprometido con la cooperación internacional. Pero la solidaridad no debe servir como cortina de humo ante la urgente necesidad de reforzar los servicios sociales, la sanidad y la atención a los más frágiles.
Ayudar fuera es un deber moral y político; descuidar a los de dentro es una injusticia.
Mientras las familias de enfermos de ELA siguen esperando que el Estado cumpla sus promesas, la decisión de enviar millones al extranjero resulta, como mínimo, un ejercicio de desconexión y de falta de empatía. La verdadera grandeza de un país no se mide solo por cuánto reparte más allá de sus fronteras, sino por cómo cuida a quienes más lo necesitan dentro de ellas.
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