La nueva querella del juez Peinado contra Óscar López y Patxi López

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno—, ha presentado una reclamación formal de 140.000 euros por presuntas injurias y calumnias contra dos destacados dirigentes del Partido Socialista:

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y portavoz del Gobierno. El magistrado les exige 70.000 euros a cada uno por considerar que sus declaraciones públicas sobre su labor judicial atentaron directamente contra su honor y su reputación profesional.

El escrito, presentado en los juzgados madrileños, tiene como finalidad la celebración de un acto de conciliación, paso previo a la presentación de una querella penal. En dicho documento, el juez sostiene que los comentarios vertidos por ambos dirigentes constituyen una acusación falsa y grave, en tanto le atribuyen la comisión de un delito de prevaricación —es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas—, lo que vulnera, a su juicio, los límites de la crítica política y entra en el terreno de la difamación.

 Declaraciones en el origen del conflicto
El origen de este conflicto se remonta a declaraciones públicas realizadas por los dos dirigentes socialistas en el contexto de la investigación sobre Begoña Gómez.

En el caso del ministro Óscar López, el juez considera especialmente lesivas unas manifestaciones en las que el portavoz del Ejecutivo calificó la actuación del magistrado de “claramente prevaricadora”, asegurando además que “ha mentido en sede judicial”. Para Peinado, estas afirmaciones no son simples valoraciones políticas, sino una imputación directa de un delito sin fundamento alguno.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, habría realizado comentarios en entrevistas televisivas en los que acusaba al juez de actuar movido por intereses políticos y de utilizar el procedimiento judicial como “instrumento de campaña” contra el Gobierno. En opinión del magistrado, dichas declaraciones tienen como efecto desacreditar públicamente su imparcialidad, dañando su prestigio personal y profesional.

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 El procedimiento: de la conciliación a la querella penal
El paso que ha dado Peinado es el trámite habitual previo a una querella por injurias o calumnias. La solicitud de conciliación es una vía que permite a las partes intentar un acuerdo extrajudicial: una rectificación pública, una disculpa o una compensación económica pueden evitar la apertura del proceso penal. Sin embargo, el juez ha advertido que, si no obtiene una reparación adecuada, presentará formalmente una querella contra ambos dirigentes.

En la legislación española, la injuria se define como la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, mientras que la calumnia consiste en imputar falsamente un delito. Cuando estas conductas se dirigen contra jueces o magistrados, la gravedad se intensifica, dado que pueden afectar a la confianza ciudadana en la administración de justicia.

El magistrado considera que las palabras de los portavoces socialistas no solo afectan a su persona, sino también al principio de independencia judicial. En su escrito, subraya que el ejercicio de la crítica política “no puede amparar la atribución pública y gratuita de delitos a un juez sin prueba alguna”, y recuerda que su obligación es instruir causas conforme a la ley, con independencia de las consecuencias políticas que puedan derivarse.

 El trasfondo político y judicial
El contexto en el que surge esta controversia no es menor. El juez Peinado dirige la investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, una causa que ha provocado una fuerte confrontación entre el Gobierno y la oposición. Desde el Ejecutivo y el PSOE se ha denunciado en repetidas ocasiones lo que califican como una “instrumentalización judicial” de determinados procesos, mientras que desde la oposición se defiende la independencia del magistrado y la necesidad de dejar que la justicia actúe sin presiones políticas.

Las declaraciones que han motivado la reclamación del juez se produjeron en un momento de máxima tensión, cuando se cuestionaba públicamente la apertura de diligencias y el propio contenido del sumario. Fuentes próximas al entorno judicial señalan que Peinado habría interpretado esas afirmaciones como un intento de erosionar su credibilidad y condicionar su actuación procesal.

 El debate entre libertad de expresión y derecho al honor
Este caso abre un nuevo frente en el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor. En España, el Tribunal Supremo ha reiterado en numerosas sentencias que los cargos públicos y los jueces están sujetos a un mayor escrutinio social, pero también ha subrayado que las críticas deben mantenerse dentro del ámbito de la opinión y no traspasar la frontera de la imputación falsa de delitos.

En términos jurídicos, la línea divisoria es fina. La crítica dura, incluso la descalificación política, puede estar amparada por la libertad de expresión; sin embargo, cuando una afirmación implica la atribución de conductas delictivas sin respaldo probatorio, puede considerarse injuriosa o calumniosa.

En este sentido, el proceso que promueve el juez Peinado podría servir para delimitar los límites de la crítica política hacia la judicatura, un tema especialmente sensible en un momento de fuerte polarización institucional.

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Posibles escenarios
Si la conciliación no prospera, el magistrado tiene la posibilidad de interponer una querella penal ante los juzgados competentes. En ese escenario, el proceso podría derivar en una investigación judicial sobre las declaraciones de ambos dirigentes, aunque el recorrido de este tipo de causas suele ser complejo. En muchos casos, los tribunales optan por archivar las querellas cuando consideran que las expresiones controvertidas se enmarcan en el debate político o que carecen de ánimo de difamar.

No obstante, el hecho de que el demandante sea un juez en activo añade un elemento de especial relevancia, al tratarse de una figura que representa la autoridad judicial y el principio de imparcialidad. Cualquier fallo en favor del magistrado podría marcar un precedente importante en la relación entre los responsables políticos y el poder judicial.

 La iniciativa del juez Juan Carlos Peinado de reclamar 140.000 euros a dos de los principales portavoces del PSOE se convierte así en un nuevo episodio de la tensión institucional entre el poder judicial y el ejecutivo. Mientras la causa contra Begoña Gómez continúa su curso, el conflicto abierto por las declaraciones de Patxi López y Óscar López amenaza con derivar en un enfrentamiento judicial que podría tener implicaciones más amplias para la libertad de expresión, la responsabilidad política y la protección del honor de los jueces.

En un clima político marcado por la desconfianza mutua entre instituciones, este caso podría convertirse en un punto de inflexión sobre los límites del discurso político y el respeto a la independencia judicial.

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