Impacto España Noticias
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado ese martes la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y contra su socio, Juan Enrique Adell Bover, por presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano.
El caso, que se centra en ayudas recibidas por sus empresas de comunicación entre los años 2015 y 2018, será juzgado por la presunta comisión de dos delitos continuados de falsedad documental en concurso medial con un delito de estafa agravada.
Petición de cárcel y fianza millonaria
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, solicita una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig y tres años de cárcel para Juan Enrique Adell Bover, además de las correspondientes multas e inhabilitaciones.
El juez ha dictado el auto de procesamiento, que es inapelable (salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados), y ha fijado una fianza de responsabilidad civil para Francis Puig que supera los 147.000 euros (cercana a la cifra de 150.000 euros mencionada en los reportes iniciales) y otra fianza para su socio. Las sociedades de ambos, Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, han sido designadas como responsables civiles subsidiarias de dichas cuantías.
Trama de subvenciones y gastos ficticios
La investigación apunta a que los acusados habrían utilizado un entramado para simular gastos con el objetivo de obtener una mayor cuantía en las ayudas de las administraciones valenciana y catalana.
Entre los mecanismos presuntamente fraudulentos detectados se encuentran:
El uso de facturas falsas o duplicadas.
La utilización de sociedades instrumentales.
La presentación de domicilios ficticios.
La justificación de actividades no relacionadas con el objeto de la subvención.
Si bien la cantidad presuntamente obtenida de forma indebida se ha estimado alrededor de los 67.500 euros, el delito de fraude de subvenciones fue descartado previamente por el instructor al no alcanzar el umbral de 120.000 euros exigido por el tipo penal vigente en el momento de los hechos. No obstante, el magistrado consideró que las conductas eran suficientes para ser constitutivas de los delitos de estafa y falsedad documental.
Con la apertura del juicio oral, el caso avanza a la fase de vista oral, donde se dirimirán las responsabilidades de los acusados.
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