El ocaso de Mindway: la empresa que gestionó los másteres de Begoña Gómez se hunde dejando tres millones en deudas

La Universidad Complutense de Madrid ha cerrado definitivamente uno de los capítulos más controvertidos de su historia reciente. La empresa Mindway Ecosystem S.L., encargada de gestionar los másteres vinculados a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido liquidada judicialmente tras un concurso de acreedores que ha dejado tras de sí una deuda superior a tres millones de euros.

 El fallo del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, fechado el 31 de marzo de 2024 y publicado en el BORME el 12 de mayo, certifica la desaparición de la compañía y el fracaso de un modelo de gestión que durante años operó bajo el paraguas de la Complutense.

Una liquidación que pone fin a una etapa polémica
La caída de Mindway no solo supone el cierre de una empresa, sino también el colapso de un entramado que durante años actuó como intermediario entre la universidad pública y los estudiantes que cursaban títulos propios.

Desde 2021, Mindway había asumido la gestión económica y administrativa de los másteres, encargándose de cobrar las matrículas —de casi 3.000 euros por alumno— y abonar las nóminas del profesorado. A cambio, la empresa debía entregar a la universidad un canon del 7%, un porcentaje muy por debajo del 15% habitual, decisión impulsada personalmente por el rector Joaquín Goyache, según diversas fuentes académicas.

El resultado fue un acuerdo ventajoso para la empresa y opaco para el resto de la comunidad universitaria. Cuando Mindway entró en crisis financiera, los primeros en sufrir las consecuencias fueron más de 200 trabajadores y colaboradores —profesores, técnicos y asesores— que nunca cobraron los honorarios pendientes.

El inventario elaborado por la administración concursal en 2023 reveló una situación insostenible: activos por apenas 458.000 euros frente a obligaciones superiores a tres millones. Ni los ordenadores, ni los equipos audiovisuales, ni el mobiliario podían cubrir el agujero financiero de una empresa que, en apenas dos años, multiplicó sus pérdidas y agotó todas sus vías de refinanciación.

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Avales públicos y responsabilidad del Estado
La historia adquiere mayor gravedad cuando se observa el rastro de dinero público.
Entre 2021 y 2022, Mindway Ecosystem obtuvo tres avales por un total de 640.000 euros procedentes de entidades dependientes del Gobierno: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

El primero, de 120.000 euros, se concedió en plena pandemia para mitigar los efectos del COVID-19 en las empresas. Los dos siguientes, de 400.000 y 120.000 euros respectivamente, llegaron desde CERSA con el mismo fin: sostener la actividad de la empresa que gestionaba los másteres de la esposa del presidente.

Sin embargo, tras la liquidación judicial, existe el riesgo de que el Estado tenga que asumir esos avales si Mindway no devuelve los importes recibidos. En la práctica, los contribuyentes podrían terminar pagando parte del rescate de una empresa privada vinculada a programas universitarios gestionados con irregularidades manifiestas.

El fin de los másteres de Begoña Gómez
El cierre de Mindway arrastra también a los dos másteres que Begoña Gómez codirigía en la Complutense:

El Máster en Fundraising, que coordinaba desde 2014.
El Máster en Transformación Social Competitiva (TSC), creado en 2020 con el patrocinio de Reale Seguros y la Fundación La Caixa.

Ambos programas desaparecieron del catálogo académico en 2024, después de que la universidad resolviera los convenios y reclamara a la esposa del presidente la devolución del software desarrollado bajo la Cátedra de Transformación Social Competitiva, ahora extinguida.

Fuentes internas de la Complutense admiten que la relación con Mindway se convirtió en un problema de gestión y reputación. La universidad se vio obligada a personarse como acreedor en el concurso, pues sin recuperar las cantidades adeudadas no podía emitir los títulos a los alumnos. Finalmente, se hizo una excepción administrativa para no perjudicar a los estudiantes, aunque la deuda quedó sin resolver.

Una historia de privilegios institucionales
El modelo de colaboración entre Mindway y la UCM nació bajo circunstancias poco habituales.
En agosto de 2020, y tras una reunión del rector Goyache en Moncloa, se impulsó la creación del nuevo máster de Begoña Gómez en tiempo récord.

Pese a que los estatutos universitarios impedían que ella misma lo dirigiera, se buscó una fórmula alternativa: designar a un profesor de la casa como codirector formal, mientras Gómez actuaba de facto como responsable académica y promotora del programa.

Este esquema, según diversas fuentes universitarias, distorsionó los mecanismos habituales de control y permitió a la empresa externa gestionar fondos, matrículas y contratos sin la supervisión que se exige en los títulos oficiales.

La Complutense no solo redujo el canon de participación, sino que renunció a la transparencia sobre los ingresos generados. El resultado fue un modelo que beneficiaba a la empresa y debilitaba la posición de la universidad pública.

Los números que no cuadran
Las últimas cuentas disponibles, correspondientes a 2022, muestran un panorama desolador:

Pérdidas de más de 2,5 millones de euros.
Deuda acumulada cercana a los 3 millones.
Plantilla de 29 empleados, un 15% menos que el año anterior.

Lejos de estabilizarse, Mindway se hundía mientras mantenía la gestión de 25 títulos propios de la Complutense. La administración concursal describió la situación como una “insuficiencia patrimonial irreversible”.

A pesar de ello, durante ese mismo periodo, la empresa seguía recibiendo avales públicos y renovaba contratos con la universidad, sin que nadie desde el rectorado cuestionara la viabilidad de su gestión.

El papel de Begoña Gómez
Aunque su papel formal era académico, Begoña Gómez se benefició directamente del esquema que ahora se desmorona.
Según documentos oficiales de la Complutense, percibió 39.188 euros en diez años por su labor docente, tutorías y participación en tribunales. Las cifras son modestas, pero su verdadero valor radicaba en la proyección institucional y en el uso de su cátedra para captar proyectos, patrocinios y asesorías externas, algo que ella misma propuso a la universidad.

Hoy, la figura de Gómez está bajo investigación judicial por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción y prevaricación, según diversas fuentes judiciales. La desaparición de Mindway no disipa esas sospechas; más bien, añade nuevos interrogantes sobre la red de intereses creada en torno a su actividad universitaria.

La factura política
El hundimiento de Mindway y el cierre de los másteres de Begoña Gómez llegan en un momento especialmente delicado para el Gobierno.

El hecho de que una empresa vinculada a la esposa del presidente haya recibido ayudas públicas y contratos universitarios con trato preferente, para después desaparecer con millones en deudas, alimenta las críticas sobre la falta de ética y transparencia institucional.

En los campus y entre el profesorado de la Complutense, la sensación es de vergüenza y hartazgo. Muchos docentes reclaman una revisión profunda del sistema de títulos propios, convertido en terreno fértil para acuerdos opacos, convenios a medida y externalizaciones sin control.

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Un modelo que deja huella
El caso Mindway se suma a una larga lista de episodios donde la colaboración público-privada en la universidad termina generando más sombras que beneficios.
El modelo de gestión delegada, justificado en su día por la necesidad de “flexibilizar” los títulos propios, acabó derivando en un sistema de privilegios y descontrol financiero.

Hoy, con la empresa disuelta y los profesores impagados, la Complutense intenta recomponer su imagen. Pero el daño está hecho. El nombre de la universidad más grande de España ha quedado asociado a una gestión fallida, a decisiones cuestionables y a la influencia política en el ámbito académico.

Epílogo: un cierre con demasiadas preguntas
El final de Mindway Ecosystem es, en apariencia, el cierre de un capítulo. Pero tras esa fachada jurídica quedan preguntas sin responder:

¿Por qué se mantuvo el contrato con una empresa en pérdidas durante años?
¿Quién autorizó la reducción del canon y con qué justificación?
¿Cómo se concedieron los avales públicos sin un control riguroso de solvencia?
¿Qué papel jugó realmente Begoña Gómez en las decisiones operativas?

Mientras la justicia avanza en la investigación, la sociedad española observa cómo una empresa vinculada al entorno de la Moncloa se disuelve dejando una deuda millonaria y un rastro de sospechas.
El desenlace, lejos de ser un accidente financiero, parece el resultado lógico de una cadena de favores, improvisaciones y privilegios concedidos a la sombra del poder.

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