Sánchez ordenó "limpiar sin límite" tras la imputación de Begoña Gómez, según denuncia de Stampa

La denuncia presentada por el fiscal Ignacio Stampa ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha detonado una de las crisis institucionales más delicadas de la legislatura. Según el testimonio del propio fiscal, en una reunión mantenida el 7 de mayo de 2025 con la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, ambos le transmitieron que Pedro Sánchez había ordenado “limpiar, sin límite” tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, en abril de 2024.

El encuentro, grabado y aportado como prueba en la causa abierta por cohecho y tráfico de influencias, habría tenido como objetivo —según Stampa— obtener información sobre fiscales y jueces que instruyen casos sensibles para el PSOE, entre ellos el de la propia Gómez.

Si se confirman los hechos, la implicación política sería demoledora: el presidente del Gobierno habría impulsado, directa o indirectamente, una operación destinada a neutralizar la acción de la justicia.

 Los protagonistas de un encuentro incómodo
De acuerdo con la denuncia, Leire Díez se presentó como “enviada del PSOE”, e incluso llegó a mencionar que actuaba bajo instrucciones directas de la Moncloa. Junto a ella, Pérez Dolset —empresario conocido por su papel en la trama del “caso Zed”— habría insistido en que “la orden es limpiar, sin límite, caiga quien caiga”.

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Stampa, fiscal anticorrupción apartado de la conocida pieza Dina del caso Villarejo, grabó la conversación y la puso en conocimiento de la Fiscalía de Madrid. Desde entonces, el caso ha sido asumido por el juez Arturo Zamarriego, quien investiga si se produjeron delitos de tráfico de influencias o cohecho activo.

Leire Díez ha negado tajantemente las acusaciones y asegura que la información que compartió con el partido era “pública y transparente”. El PSOE, por su parte, se ha desmarcado oficialmente de cualquier relación con su actuación, calificando el episodio como “una iniciativa personal”.

Sin embargo, la versión oficial presenta grietas: varios fragmentos de las grabaciones aportadas por Stampa —ya incorporadas al sumario— muestran a Díez refiriéndose reiteradamente al “presidente” y a su preocupación por “revertir la situación judicial de Begoña Gómez”.

 El caso Begoña Gómez, el origen del terremoto
La imputación de la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios marcó un antes y un después en la relación entre el Gobierno y la justicia. Aunque hasta ahora no se han hallado indicios suficientes para sostener una acusación formal, la apertura de diligencias por parte del juez Juan Carlos Peinado irritó profundamente a La Moncloa.

Desde entonces, varios movimientos políticos y mediáticos han sido interpretados como una ofensiva coordinada para desacreditar a los investigadores y fiscales implicados en causas que afectan al entorno del Ejecutivo.

En ese contexto, el episodio narrado por Stampa cobra un significado más amplio: no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de presión institucional.

 Un patrón repetido: del control de la Fiscalía al bloqueo del CGPJ
El caso Stampa no se entiende sin el contexto general de erosión de la separación de poderes que España vive desde hace años.

La designación de Dolores Delgado —exministra de Justicia y pareja del exjuez Baltasar Garzón— como Fiscal General del Estado en 2020 ya encendió las alarmas. La promesa de Sánchez de que “la Fiscalía depende del Gobierno” no fue un lapsus, sino la confirmación de una concepción intervencionista del Ministerio Público.

A esa deriva se suma el prolongado bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), utilizado como arma política en una negociación interminable. El Ejecutivo ha maniobrado para reducir el margen de independencia judicial, impulsando reformas que permitirían nombramientos con mayoría simple del Congreso.

Los principales órganos judiciales y asociaciones de jueces han advertido del riesgo de que España se acerque a modelos de control político de la justicia como los de Polonia o Hungría, sancionados por la Unión Europea.

 El precedente de Ignacio Stampa
No es la primera vez que el fiscal Stampa se ve en el centro de una tormenta política. Su abrupta salida de la Fiscalía Anticorrupción, tras ser filtradas conversaciones del caso Villarejo, generó sospechas de represalias internas por haber tocado intereses del poder.

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Que sea precisamente él quien ahora denuncie una operación vinculada al entorno de Sánchez refuerza la sensación de un conflicto entre los fiscales leales al Gobierno y los que defienden su autonomía.

 La justicia como último contrapeso
El poder judicial se ha convertido en el único contrapeso real al poder ejecutivo en la España de 2025. Los medios de comunicación públicos han sido colonizados; el Parlamento, sometido a una mayoría inestable pero férrea; y la oposición, dividida. En ese escenario, los jueces y fiscales que se resisten a las presiones políticas son vistos por el Gobierno como un obstáculo.

El caso Stampa revela algo más que un episodio aislado de supuesta corrupción: muestra el reflejo de una estrategia de supervivencia política en la que la independencia judicial se percibe como una amenaza que hay que “limpiar, sin límite”.

 El futuro de la causa
El Juzgado nº 9 de Madrid ha citado a declarar a Stampa, Grinda, Pérez Dolset y Díez, y ha requerido las grabaciones originales del encuentro. Mientras tanto, la oposición ha pedido una comisión parlamentaria de investigación, y Bruselas ha solicitado información al Consejo General del Poder Judicial sobre el caso, dada su relevancia institucional.

Si se acredita la autenticidad de las grabaciones y la veracidad de los hechos denunciados, el Gobierno podría enfrentarse a su mayor crisis de legitimidad desde 2018.

Pero incluso si el proceso se diluye, la herida quedará abierta: la sospecha de que el poder político interviene en la justicia para proteger a los suyos ya forma parte del relato público.

 Cuando el poder pierde el miedo al límite
El principio de separación de poderes no se quiebra de un día para otro. Se erosiona lentamente, entre nombramientos partidistas, presiones informales y operaciones soterradas.
El caso Stampa–Leire Díez–Begoña Gómez no es una anécdota: es el espejo de un deterioro institucional profundo.

Y mientras el Gobierno insiste en hablar de “lawfare”, cada nueva revelación sugiere lo contrario: que el verdadero acoso no lo sufre el poder político, sino la justicia independiente.

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