La grabación de una militante del PSOE en busca de información comprometida de un teniente coronel de la Guardia Civil fue el detonante del caso Leire Díez, en el que se investigan supuestas maniobras de esta exconcejal contra la Fiscalía, algún juez y contra la Unidad Central Operativa (UCO).
Su nombre salió a la luz el pasado mayo, cuando todavía era una desconocida para el gran público. Un anonimato que se rompió en una excéntrica rueda de prensa en la que aseguró no ser "ni fontanera ni cobarde" y que contó con la inesperada aparición de Víctor de Aldama, presunto líder de una trama de fraude de IVA en hidrocarburos y comisionista del caso Koldo, a gritos de "mentirosa".
Meses después, Leire Díez está imputada por tráfico de influencias y cohecho y citada el 11 de noviembre en una causa que tiene otros dos investigados -el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol-, y que incluye denuncias de intentos de soborno de dos conocidos fiscales.
Estos son los principales ingredientes del caso, cuyo sumario ha trascendido esta semana:
¿Qué se investiga?
El juez Arturo Zamarriego investiga los movimientos con los que Díez y Dolset habrían supuestamente buscado recabar "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales", con la meta de "anular o malbaratar" investigaciones que afectan a políticos y empresarios.
Las primeras pesquisas pretendían esclarecer un encuentro de ambos investigados con el empresario Alejandro Hamlyn, implicado en un fraude de hidrocarburos y huido de la Justicia, a quien pidieron información sobre el mando de la UCO Antonio Balas. En esta reunión de febrero participó Jacobo Teijelo, actual abogado del exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán. El Confidencial publicó la grabación.
Después, el caso se amplió a dos supuestos intentos de soborno. Uno lo denunció el fiscal Anticorrupción José Grinda, quien, de manos de un amigo, el periodista Pere Rusiñol, habría recibido una oferta de traslado y ascenso a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón, y de lograr el archivo de causas. Este acuerdo lo abalaría Leire.
El otro lo denunció el fiscal en Madrid Ignacio Stampa, que se vio con Leire y Pérez Dolset, quienes le pidieron información sobre Luzón, Grinda y el juez Manuel García-Castellón y dijeron seguir la orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "limpiar, sin límite" tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.
La Fiscalía, que inicialmente archivó la denuncia de Grinda y después la reabrió, ve "determinante" que Díez crease la apariencia de que hablaba "en nombre de altas instituciones del Estado".
Sobre la mesa de Zamarriego hay también una denuncia sobre posibles maniobras respecto a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez.
Por su parte, Leire Díez ha denunciado a Grinda ante la Fiscalía y sostiene que las acusaciones del fiscal en su contra son falsas.
¿A quién se investiga?
La principal investigada es Leire Díez, exmilitante socialista, exconcejala del municipio cántabro de Vega de Pas, exjefa de Comunicación en la empresa pública Enusa y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos.
También está investigado Pérez Dolset, un empresario implicado en un caso de fraude de subvenciones en su empresa Zed, que quebró en 2016, por el que Anticorrupción, y en concreto Grinda, piden sentarle en el banquillo.
Y el último es Pere Rusiñol, el periodista que dio a Grinda la oferta que provendría de Leire y que, según el fiscal, este informador dijo no haber leído.
La explicación de Leire y la reacción del PSOE
Al estallar el caso, Díez pidió la baja como militante del PSOE, negó haber actuado como "fontanera" del partido o en representación del Gobierno y atribuyó sus movimientos a una investigación periodística.
El PSOE primero le abrió expediente, después aceptó su solicitud de baja y por último remitió a la Fiscalía un 'pendrive' que la ya exmilitante entregó a Santos Cerdán, entonces aún secretario de Organización y ahora en prisión preventiva por el caso Koldo.
El contenido de esta memoria digital lo está analizando la UCO.
Los testigos
Las primeras declaraciones arrancan el 5 de noviembre, cuando están citados los fiscales Grinda y Stampa.
Ese mismo día comparece el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo por recibir presuntamente pagos del empresario Víctor de Aldama. Se reunió con Leire en marzo.
Ya el 11 de noviembre, el juez interrogará al abogado Jacobo Teijelo y a ocho periodistas que publicaron informaciones relacionadas con la exmilitante socialista de las que el sumario se nutre.
El juez
Arturo Zamarriego, un veterano juez de Plaza de Castilla y ahora al frente del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, dirige desde finales de julio la investigación a la que, pese a reticencias iniciales, acabó sumando las diligencias abiertas por la Fiscalía.
Este magistrado ha llevado causas mediáticas como la del pederasta de Ciudad Lineal -que acabó condenado a 70 años y medio de cárcel- o las investigaciones a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás.
Las acusaciones populares
Como en prácticamente todas las causas mediáticas, este caso cuenta con varias acusaciones populares: Hazte Oír, los partidos Iustitia Europa, Vox y PP, y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC).
Algunos de ellos comparten esa condición en otras causas como la de la mujer del presidente del Gobierno, su hermano o el caso Koldo.
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