El escándalo de la Fundación Siglo XXI se suma así a una larga lista de casos que cuestionan la eficacia de las políticas migratorias y la capacidad del Estado para garantizar que los fondos europeos lleguen realmente a quienes los necesitan
Corrupción26 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
La reciente operación Tabaiba, concluida por la Policía Nacional, ha destapado un nuevo episodio de presunta corrupción en la gestión de los fondos europeos destinados a la atención de menores inmigrantes no acompañados en Canarias.
Según la información oficial difundida por el cuerpo policial, las investigaciones apuntan a un desvío de más de 2,4 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea, dinero que debía emplearse en la acogida, manutención y atención integral de estos menores.
El caso se centra en la Fundación Siglo XXI, entidad responsable de la gestión de varios centros de acogida en Gran Canaria y Lanzarote, así como en cuatro de sus directores y un empresario del sector inmobiliario. Todos ellos han sido imputados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental, aunque será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad final.
La Policía Nacional ha dado por concluida la investigación, tras meses de pesquisas en las que se habrían detectado irregularidades contables, contratos inflados y desvío de recursos destinados a los menores hacia fines ajenos a los proyectos financiados por la Unión Europea.
Una gestión bajo sospecha
Más allá del escándalo concreto, la operación Tabaiba pone de nuevo sobre la mesa el grave problema de control y transparencia en el uso de los fondos europeos destinados a la inmigración. Canarias, que en los últimos años ha soportado una presión migratoria sin precedentes, recibe cuantiosas partidas económicas procedentes tanto del Gobierno central como de la Unión Europea para afrontar la llegada de menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, la supervisión de estos recursos públicos ha demostrado ser insuficiente. La compleja red de fundaciones, ONG y empresas privadas que gestionan los centros de acogida ha generado un entramado burocrático donde la rendición de cuentas es mínima y el control efectivo, casi inexistente.
Este nuevo caso ilustra un fallo estructural en el sistema de gestión pública: la externalización de funciones esenciales del Estado a entidades privadas sin mecanismos de fiscalización eficaces. La consecuencia es doblemente grave: por un lado, el desvío de dinero público; por otro, el perjuicio directo a los menores que deberían haber recibido esa ayuda.
Fondos europeos sin control
Los fondos Next Generation EU, aprobados tras la pandemia para impulsar la recuperación económica y social en los países miembros, incluían partidas específicas para políticas sociales y de inclusión. En el caso de Canarias, parte de esos fondos se destinaron a reforzar la red de acogida de menores inmigrantes, ante el colapso de los recursos públicos por la llegada masiva de jóvenes procedentes de África.
Sin embargo, la falta de auditorías externas y la escasa supervisión por parte del Gobierno central y autonómico han permitido que millonarias subvenciones sean gestionadas sin transparencia ni controles reales. Las denuncias sobre adjudicaciones opacas, gastos sin justificar y contratos irregulares se acumulan, pero pocas terminan en los tribunales.
El escándalo de la Fundación Siglo XXI se suma así a una larga lista de casos que cuestionan la eficacia de las políticas migratorias y la capacidad del Estado para garantizar que los fondos europeos lleguen realmente a quienes los necesitan.
El precio del descontrol político
La gestión de la inmigración en Canarias ha estado marcada por la improvisación, la falta de coordinación entre administraciones y la ausencia de una política integral que combine la atención humanitaria con la transparencia y la rendición de cuentas.
Mientras el Gobierno central ha insistido en la “solidaridad europea” y la llegada de fondos como muestra del compromiso con los derechos humanos, la realidad demuestra que la opacidad y el descontrol administrativo han permitido el enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa de los más vulnerables.
Este caso no solo revela fallos de gestión, sino una falta de vigilancia política que debería haber evitado que entidades beneficiarias de fondos públicos actuaran sin supervisión. La dejadez institucional frente a los mecanismos de control financiero y la escasa exigencia de responsabilidades han creado el caldo de cultivo perfecto para que episodios como el de la Fundación Siglo XXI se repitan.
Una llamada urgente a la rendición de cuentas
El desvío de fondos destinados a menores inmigrantes no acompañados no es solo una cuestión de corrupción administrativa: es un fracaso moral y político. Cada euro desviado implica un recurso menos para ofrecer alojamiento digno, educación o atención sanitaria a menores que llegaron a España huyendo de la pobreza o la violencia.
La operación Tabaiba debería servir como punto de inflexión. Las instituciones públicas, tanto canarias como estatales, deben reforzar los mecanismos de control, exigir auditorías externas y revisar los contratos con entidades privadas que gestionan fondos europeos. Sin una acción decidida, la confianza ciudadana en las políticas públicas y en la solidaridad europea continuará erosionándose.
Canarias necesita soluciones reales, no titulares de emergencia. Y el Gobierno debe asumir que la falta de control en la gestión de los fondos para inmigración es, en última instancia, su responsabilidad.
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