García Ortiz se enfrenta a una acusación formal por haber autorizado presuntamente la difusión de un correo electrónico remitido por el letrado de González Amador a la Fiscalía de Madrid, en el contexto de una investigación sobre posibles delitos fiscales
Investigacion Judicial27 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
El Tribunal Supremo ha fijado el calendario de las cinco sesiones del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos en relación con la filtración de un documento vinculado al abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El proceso judicial, que se celebrará en la Sala de lo Penal del Supremo, comenzará el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, con sesiones programadas los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13. En la vista oral comparecerán más de cuarenta testigos, entre ellos varios fiscales, funcionarios y periodistas, además de González Amador y su abogado.
Un juicio sin precedentes
La apertura del juicio oral contra el máximo responsable del Ministerio Público constituye un hecho inédito en la historia reciente de la justicia española. García Ortiz se enfrenta a una acusación formal por haber autorizado presuntamente la difusión de un correo electrónico remitido por el letrado de González Amador a la Fiscalía de Madrid, en el contexto de una investigación sobre posibles delitos fiscales.
La publicación de ese correo, que contenía detalles de las negociaciones entre el abogado y la Fiscalía, desató una intensa polémica política y mediática. El asunto trascendió más allá del ámbito jurídico, al implicar indirectamente a la presidenta madrileña y al poner en cuestión la imparcialidad del Ministerio Fiscal bajo el mandato de García Ortiz.
La estrategia de defensa
El fiscal general ha sostenido desde el inicio del procedimiento que actuó en el ejercicio de sus funciones y que en ningún momento vulneró el deber de sigilo. Su defensa argumenta que la información difundida tenía interés público, al tratarse de un caso que afectaba a un cargo político de primer nivel, y que la nota informativa publicada por la Fiscalía se ajustó a los protocolos internos.
La defensa ha insistido, además, en que la causa presenta un trasfondo político, impulsado por sectores interesados en debilitar la autonomía del Ministerio Fiscal y en cuestionar las decisiones del Gobierno en materia judicial.
Declaraciones clave
El calendario fijado por el Tribunal Supremo reserva la comparecencia del fiscal general para el 12 de noviembre, fecha en la que se prevé que preste declaración después de haberlo hecho la mayoría de los testigos. Esta posición en el orden de intervención fue solicitada por su defensa con el objetivo de conocer previamente todas las declaraciones testificales.
Entre los testigos citados figuran el propio Alberto González Amador, su abogado, varios fiscales implicados en la gestión del caso, y responsables de comunicación institucional. También se espera la intervención de miembros de la cúpula del Ministerio Fiscal, que podrían aportar detalles sobre la cadena de decisiones que condujo a la difusión del comunicado.
Contexto y repercusiones
El proceso llega en un momento de especial tensión institucional. La relación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid se ha visto marcada por la confrontación política, y este caso ha añadido un elemento de fricción al debate sobre la independencia del poder judicial y la transparencia del Ministerio Fiscal.
Diversos sectores de la judicatura y del ámbito académico han advertido de las posibles implicaciones del fallo, ya que una condena al fiscal general podría abrir un precedente sobre los límites de la comunicación institucional en casos judicializados. Por el contrario, una absolución reforzaría la posición de García Ortiz y del propio Gobierno, que ha defendido su gestión en todo momento.
Lo que está en juego
Más allá de la responsabilidad penal individual, el juicio plantea un debate de fondo sobre la frontera entre el deber de reserva del Ministerio Fiscal y el derecho de los ciudadanos a ser informados. La sentencia, que se espera antes de que finalice el año, podría marcar un punto de inflexión en la relación entre justicia, política y comunicación institucional en España.
El 12 de noviembre será, por tanto, una fecha decisiva. Ese día, el propio fiscal general tendrá la oportunidad de explicar ante el Tribunal Supremo su versión de los hechos, en un proceso que se sigue con expectación tanto en el ámbito jurídico como en el político.
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