A partir del 1 de enero de 2026, cualquier gasto relevante podrá ser rastreado, registrado y cruzado por Hacienda con fines de control poblacional y fiscal. No es por tu seguridad. Es para tenerte controlado
29 de octubre de 2025 AE
La persecución fiscal en España se intensifica. Hacienda ha aprobado un nuevo decreto que obliga a las entidades financieras a informar sobre los movimientos de todos los clientes que superen los 25.000 euros anuales en tarjetas. Bajo la excusa del “control del fraude y blanqueo”, el Gobierno abre la puerta a un sistema de vigilancia económica que vulnera derechos fundamentales y convierte a los ciudadanos en sospechosos permanentes.
El Real Decreto 253/2025, recientemente aprobado, amplía las obligaciones de las entidades bancarias, incluidos los bancos digitales y las plataformas de dinero electrónico. A partir del 1 de enero de 2026, cualquier gasto relevante podrá ser rastreado, registrado y cruzado por Hacienda con fines de control poblacional y fiscal. No es por tu seguridad. Es para tenerte controlado.
El nuevo decreto: control absoluto bajo el pretexto del fraude
El Real Decreto establece una vigilancia sin precedentes sobre la actividad económica de los ciudadanos. Según su artículo 37, los bancos deberán informar del saldo de cada cuenta a 31 de diciembre, del saldo medio del último trimestre y de todos los movimientos anuales.
Esta medida refuerza la persecución fiscal en España, extendiendo la capacidad de Hacienda para acceder a datos de cualquier tipo de cuenta, ya sea corriente, de ahorro, de crédito o incluso de pago electrónico. No importa si generan intereses o no: todas estarán sujetas a revisión.
El artículo 38 amplía además el control sobre préstamos y movimientos en efectivo. Las entidades deberán notificar cada préstamo superior a 6.000 euros o cualquier movimiento que alcance los 3.000 euros. Con ello, el Gobierno estrecha el cerco sobre el uso del dinero físico, promoviendo un sistema económico completamente digital y rastreable.
Tarjetas bajo vigilancia: la excusa perfecta para el control social
El punto más polémico de la norma aparece en el artículo 38 ter, que impone a los bancos la obligación de comunicar a Hacienda todas las operaciones de tarjetas —de crédito, débito o prepago— cuyo volumen total de movimientos, sumando cargos y abonos, sobrepase los 25.000 euros al año.
En esa declaración anual deberán figurar los nombres de los titulares, el tipo de tarjeta y los importes totales de cada operación, incluidas las recargas en efectivo. Con esta medida, el Gobierno amplía su capacidad de control financiero hasta límites nunca antes vistos, vulnerando el derecho a la intimidad económica y a la privacidad.
La persecución fiscal en España alcanza así un nuevo nivel. Lo que antes se justificaba como lucha contra el fraude, ahora se transforma en un sistema de vigilancia masiva que convierte cualquier transacción en potencial sospechosa.
El pretexto del fraude y la realidad del control ciudadano
El discurso oficial de Hacienda insiste en que estas medidas buscan combatir el blanqueo y el fraude fiscal. Sin embargo, el Real Decreto 253/2025 refleja una tendencia más profunda: el avance hacia un modelo de sociedad vigilada, donde el Estado controla los movimientos financieros de cada ciudadano.
Con el argumento del “bien común”, el Gobierno instala un mecanismo que erosiona la libertad individual y la confidencialidad bancaria. El ciudadano medio se convierte en objeto de escrutinio permanente, mientras las grandes estructuras financieras internacionales permanecen intocables.
La persecución fiscal en España deja de ser una herramienta contra el delito y se convierte en una forma de control político, en un estado policiaco económico. Los ciudadanos honrados, profesionales autónomos y familias de clase media quedan bajo sospecha simplemente por usar sus propios recursos, su propio dinero.
De la fiscalidad al control político
No se trata solo de recaudar más, sino de controlar y someter. La persecución fiscal en España forma parte de una estrategia más amplia de control ideológico y económico. El Estado, en lugar de proteger la libertad y la propiedad privada, se erige como vigilante de cada gasto, préstamo o ingreso.
Esta deriva se alinea con las políticas de la Agenda 2030, que impulsa el abandono del dinero en efectivo y promueve sistemas digitales centralizados. Bajo la apariencia de modernización, se esconde un modelo de supervisión constante que reduce la soberanía personal y entrega el poder económico a manos del Estado y de las instituciones globalistas.
El ciudadano pierde independencia cuando cada compra, cada pago y cada movimiento queda registrado en bases de datos gubernamentales. Ya no se trata de transparencia, sino de sumisión y vasallaje.
Reacciones y consecuencias para la libertad financiera
Las entidades bancarias y asociaciones de consumidores han mostrado preocupación por el impacto de estas medidas. Los expertos advierten que la saturación informativa provocará errores y filtraciones de datos personales, además de un clima de desconfianza generalizado.
La persecución fiscal en España no solo vulnera la intimidad, sino que amenaza el derecho constitucional a la protección de datos. Con cada nueva obligación de reporte, el ciudadano pierde autonomía y se expone al riesgo de que su información sea utilizada con fines ajenos a la fiscalidad.
Cualquier operación legítima, como los pagos de estudios, viajes o gastos familiares, podrán ser examinadas sin orden judicial. Esta invasión de la esfera privada recuerda a modelos de control propios de dictaduras comunistas totalitarias, donde la presunción de inocencia desaparece frente al poder del Estado.
Cuando el Estado vigila, la libertad muere
El nuevo decreto de Hacienda marca un antes y un después en la relación entre el ciudadano y el Estado. Bajo el pretexto del fraude fiscal, se consolida un sistema de vigilancia que erosiona la confianza y debilita las libertades económicas.
La persecución fiscal en España ya no se dirige contra el defraudador, sino contra todos. Cada operación, cada tarjeta y cada préstamo se convierte en una oportunidad de control.
Este modelo, que avanza sin oposición real, sienta las bases de una sociedad tutelada donde la libertad financiera deja de existir. La libertad no se pierde de golpe, sino a través de decretos que, bajo apariencia técnica, someten la vida económica al escrutinio permanente del poder.
Si el Estado vigila cada gasto, la democracia se convierte en una ficción. Y cuando el control sustituye a la confianza, la libertad muere.
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