Impacto España Noticias
El empresario Víctor de Aldama, implicado en la conocida trama de hidrocarburos, ha dado un nuevo paso judicial al solicitar su personación como acusación particular en la causa que investiga a Leire Díez, apodada “la fontanera del PSOE”. Su defensa ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en el que solicita una batería de diligencias destinadas a esclarecer si, durante su estancia en prisión preventiva, se produjeron escuchas ilegales o accesos irregulares a sus comunicaciones privadas.
Aldama permaneció 42 días en el Centro Penitenciario Madrid V, en Soto del Real, entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024. En ese periodo, según su defensa, podría haber sido objeto de intervenciones no autorizadas mientras mantenía conversaciones con su abogado, lo que, de confirmarse, constituiría una vulneración grave de derechos fundamentales, incluido el derecho a la defensa y al secreto profesional.
Una investigación para determinar si hubo escuchas y quién las ordenó
El escrito de su defensa reclama al juez que oficie a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para que informe si durante la estancia del empresario se dispuso o utilizó algún dispositivo de escucha o grabación dentro del centro. Asimismo, se solicita que se identifique a las personas que accedieron a las instalaciones penitenciarias en esas fechas para entrevistarse con Aldama, y que se indiquen las circunstancias de esas visitas y la autoridad que las autorizó.
El documento también pide que se cite a declarar como testigo al Jefe de Seguridad de Soto del Real, con el fin de conocer si existió algún protocolo especial de vigilancia sobre el empresario o si se registraron reuniones no documentadas en los registros oficiales del centro.
La defensa de Aldama sostiene que la investigación debe aclarar “si se produjeron escuchas ilegales, en qué condiciones y quién las ordenó”, en un contexto en el que el empresario ya había colaborado con la justicia, ofreciendo declaraciones voluntarias y aportando información sobre supuestos vínculos de la trama con altos cargos del Gobierno y del PSOE.
El origen de las sospechas: una supuesta llamada interceptada
Las sospechas de Aldama se apoyan en unos documentos internos que recogen reuniones entre Leire Díez y un oficial de la Guardia Civil, celebradas en marzo pasado. En una de esas actas, la periodista habría afirmado haber escuchado “personalmente” una conversación entre Aldama y su abogado mientras este permanecía en prisión, ya que, según se refleja en el texto, sus comunicaciones estarían intervenidas.
Sin embargo, Leire Díez ha negado rotundamente la veracidad de esas actas, cuestionando tanto su contenido como la interpretación que se ha hecho de ellas. Pese a ello, la defensa del empresario considera imprescindible que se investiguen los hechos para confirmar si hubo un uso irregular de medios de vigilancia dentro de un establecimiento penitenciario.
Petición de nuevas declaraciones y diligencias
En el marco de esta causa, Aldama ha solicitado al juzgado la posibilidad de interrogar a Leire Díez durante su comparecencia prevista para el 11 de noviembre, cuando está citada a declarar en calidad de investigada, junto con el empresario Javier Pérez Dolset.
El equipo jurídico de Aldama insiste en que la investigación debe determinar si existió algún tipo de instrucción política o policial que motivara la interceptación de comunicaciones privadas, un hecho que, de demostrarse, podría acarrear responsabilidades penales y disciplinarias para los funcionarios o agentes implicados.
Posibles implicaciones institucionales
De confirmarse que se produjeron escuchas sin orden judicial, el caso podría tener importantes repercusiones institucionales. El artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria y el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que cualquier intervención de comunicaciones de un interno requiere autorización judicial expresa y motivada.
Una interceptación sin esa cobertura legal no solo vulneraría derechos fundamentales, sino que podría derivar en delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos o incluso violación del derecho a la defensa, según coinciden diversas fuentes jurídicas consultadas.
Por ello, la petición de Aldama no se limita a esclarecer su caso concreto, sino que busca determinar si este tipo de prácticas pudieron extenderse a otros internos o procesos judiciales sensibles, especialmente aquellos con implicaciones políticas o mediáticas.
Un episodio más en una trama con ramificaciones políticas
El caso en el que se enmarca esta nueva iniciativa judicial forma parte de un entramado más amplio en torno a contratos y relaciones de poder vinculados a la trama de hidrocarburos y al papel que presuntamente jugó Leire Díez en la recopilación de información y en la intermediación con responsables políticos.
La figura de Aldama, considerado uno de los principales investigados en ese procedimiento, se ha ido transformando con el tiempo: de imputado en una compleja red empresarial a posible víctima de actuaciones ilegales durante su estancia en prisión.
En las próximas semanas, el Juzgado de Instrucción número 9 deberá decidir si acepta la personación del empresario como acusación particular y si acuerda las diligencias solicitadas. De hacerlo, se abriría una línea paralela de investigación que podría poner bajo la lupa el funcionamiento interno de determinadas unidades policiales y los mecanismos de control en los centros penitenciarios.
Mientras tanto, el caso sigue generando expectación y tensión política, al situar en el foco una posible utilización irregular de los medios del Estado en el marco de una investigación con evidentes derivadas institucionales.
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