El informe describe situaciones en las que la intervención avaló gastos sin verificación efectiva de la existencia de expediente o de la justificación técnica exigible
Corrupción03 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
La rendición de cuentas no puede ser una frase bonita en los discursos: es un deber administrativo y democrático. El Tribunal de Cuentas, en su fiscalización de las cuentas y la gestión de subvenciones del ejercicio 2023, ha dejado constancia de fallos estructurales que no pueden reducirse a meros errores administrativos: hablan de una institución que gestionó millones de euros sin planificación, sin trazabilidad y, por tanto, sin garantías de igualdad y transparencia para los ayuntamientos de la provincia.
Un volumen de recursos sin control claro
Durante el periodo analizado, la Diputación de Badajoz gestionó decenas de millones de euros en ayudas destinadas a municipios. El informe del órgano fiscalizador subraya que la distribución —que incluye programas con nombres técnicos pero con aplicación real caótica— se realizó en buena medida sin criterios objetivos verificables, con convocatorias aprobadas incluso a posteriori de la entrega de fondos.
Esa ausencia de planificación y de criterios homogéneos convierte la política pública de subvenciones en una caja negra: no es posible verificar si se priorizaron necesidades reales o afinidades políticas.
Mecanismos de reparto fragmentados y falta de coordinación
El Tribunal señala que distintas áreas —Fomento, Cultura, Transformación Digital, Concertación Territorial, entre otras— actuaron como compartimentos estancos. Cada departamento podía impulsar líneas de ayuda sin una evaluación conjunta ni un registro unificado de beneficiarios. El resultado práctico es la existencia de duplicidades, retrasos, expedientes incompletos y transferencias directas sin la documentación que justifique la ejecución o la razonabilidad de las cuantías. En suma: un sistema que incumple los principios de concurrencia, igualdad y transparencia que deberían regir la concesión de fondos públicos.
Casos ejemplares: destinatarios y ausencia de memoria justificativa
La fiscalización documenta, además, episodios concretos que ilustran el problema estructural. En varios municipios se registraron subvenciones nominativas y transferencias directas por cuantías superiores a la media, sin que consten memorias o informes iniciales que motivaran la oportunidad y conveniencia de dichas aportaciones. La falta de expedientes completos —actas, informes técnicos, criterios de baremación— impide conocer por qué se asignaron los recursos a unos municipios y no a otros, o cómo se estimó el importe de cada ayuda.
Villanueva de la Serena: un ejemplo que exige explicaciones
Entre los municipios con partidas por encima de la media figura Villanueva de la Serena. El informe recoge que ese ayuntamiento recibió subvenciones y transferencias directas con justificaciones formales incompletas. Cuando la administración provincial entrega recursos sin trazabilidad ni documentación inicial, se abre una brecha grave entre la gestión pública y la exigencia ciudadana de saber a dónde va cada euro. Esa brecha es particularmente problemática cuando los beneficiarios son lugares vinculados al recorrido político del propio dirigente que presidía la institución.
Imputaciones y procesos judiciales: nombres y efectos políticos
En paralelo a la fiscalización contable, hay piezas judiciales abiertas que involucran a personas concretas: el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, figura en causas relacionadas con la contratación de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— y la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio a David Sánchez por presuntas irregularidades en la creación y contratación de una plaza en las estructuras culturales vinculadas a la provincia.
Estas actuaciones judiciales, y las decisiones adoptadas en sede judicial, no eximen a la administración de dar explicaciones administrativas y de adoptar mejoras estructurales inmediatas.
Es importante distinguir: la existencia de investigaciones o de piezas judiciales no equivale a una condena automática; sin embargo, la coexistencia de deficiencias administrativas acreditadas por el Tribunal de Cuentas y de procedimientos judiciales sobre contrataciones concretas obliga a elevar el nivel de exigencia ética y documental en la gestión pública.
¿Qué falló en los controles internos?
La Intervención Provincial, cuyo papel es supervisar la legalidad del gasto, aparece como un órgano que no dispuso de herramientas suficientes para garantizar comprobaciones previas rigurosas. El informe describe situaciones en las que la intervención avaló gastos sin verificación efectiva de la existencia de expediente o de la justificación técnica exigible. Cuando los controles se convierten en trámites formales sin eficacia real, la protección del interés público se debilita.
Consecuencias políticas inmediatas y responsabilidad partidaria
La coyuntura salta del terreno técnico al político: Miguel Ángel Gallardo ha mantenido —según decisiones orgánicas de su partido— un papel central en la política regional, con la consecuencia de que su situación judicial y administrativa adquiere dimensión pública y partidista.
Que un dirigente presuntamente implicado en irregularidades siga ostentando roles de responsabilidad política sin respuestas claras sobre la gestión que dirigió erosiona la confianza ciudadana en las organizaciones que, en teoría, deberían exigir ejemplaridad interna. Esa erosión no es inocua: repercute en la percepción del manejo del dinero público y en la legitimidad de las decisiones partidarias.
El diagnóstico del Tribunal y las recomendaciones que no pueden quedar en meras sugerencias
El órgano fiscalizador no se queda en la crítica: recomienda medidas concretas —entre ellas, la creación de un sistema informático integral de gestión de subvenciones que permita trazabilidad, la obligación de registros públicos de beneficiarios y la implantación de indicadores de eficacia para evaluar el impacto real de las ayudas—. Estas medidas no son meras mejoras técnicas: son condiciones mínimas para que la política de subvenciones cumpla su función redistributiva y de apoyo al desarrollo local sin convertirse en instrumento de discrecionalidad.
La transparencia como obligación y no como gesto retórico
Un gobierno local o provincial que dice apostar por la transparencia debe aceptar que esta implica costos: planificar, documentar, justificar y evaluar. Implica además asumir la incomodidad política de que decisiones pasadas queden sometidas al escrutinio público. La inacción o la respuesta insuficiente ante un informe de incumplimiento grave transmite un mensaje peligroso: que el control externo es un trámite y no una condición para la legitimidad democrática.
Ciudadanos y administraciones tienen derecho a saber con precisión cómo se diseñan las políticas de ayuda, quiénes reciben las transferencias y con qué criterios técnicos se fija cada cuantía.
Recomendaciones prácticas urgentes (lo mínimo exigible)
Implantar de inmediato un registro público y accesible de beneficiarios de subvenciones con información estandarizada (convocatoria, objeto, importe, expediente, criterio de selección, justificantes).
Desarrollar e implementar un sistema informático integrado para la tramitación y seguimiento de subvenciones que impida pagos sin expediente completo.
Establecer indicadores de eficacia y evaluación ex post para medir el impacto real de las líneas de ayuda y condicionar nuevas convocatorias a la existencia de memoria justificativa y evaluación técnica.
Auditar de forma independiente las convocatorias y transferencias realizadas en el periodo señalado, con especial atención a las partidas nominativas y transferencias directas.
Que las organizaciones políticas —incluido el PSOE en su ámbito regional— clarifiquen sus mecanismos internos de control y rendición de cuentas para que la selección de candidaturas no parezca ajena a las obligaciones éticas que la ciudadanía reclama.
Devolver a la ciudadanía la palabra sobre lo público
La gestión pública de subvenciones no puede continuar siendo un terreno de opacidad formalmente legal pero sustantivamente arbitrario. Los hechos acreditados por la fiscalización —y la existencia de procedimientos judiciales relacionados con contrataciones concretas— obligan a una reforma profunda de procesos y a la exigencia de responsabilidades políticas y administrativas allí donde procedan.
Nombrar a las personas implicadas —Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez— no es una proclama gratuita: es un ejercicio de precisión informativa que debe ir acompañado de acciones: más datos públicos, mejores controles y, sobre todo, la voluntad explícita de que la política deje de entenderse como reparto discrecional y vuelva a entenderse como servicio.
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