El investigador electoral Guillermo Rocafort Pérez acaba de presentar un informe con una tesis explosiva: las elecciones generales españolas del 23 de julio de 2023 habrían estado marcadas por un “pucherazo híbrido”, es decir, una combinación de irregularidades administrativas, manipulaciones informáticas y decisiones políticas que habrían comprometido la integridad del proceso democrático.
El propio Defensor del Pueblo, según Rocafort, reconoció “irregularidades generalizadas”, como la convocatoria electoral en pleno verano y la necesidad de “perfeccionar el ordenamiento electoral”.
2. La “autopista de Indra” hacia la autocracia electoral
Una parte central del documento se dedica a la empresa INDRA, contratista del Estado encargada del recuento provisional de votos en España.
Rocafort cita el estudio académico “Regimes of the World (RoW): Opening New Avenues for the Comparative Study of Political Regimes” (Lührmann, Tannenberg y Lindberg, Universidad de Gothenburg) donde se define el concepto de “autocracias electorales”: regímenes con apariencia democrática pero con procesos controlados. INDRA, dice el autor, habría estado vinculada a procesos similares en Venezuela y Angola, ambos señalados internacionalmente por fraudes electorales.
El informe acusa a INDRA de haber reproducido, en parte, esos esquemas en España: falta de transparencia, opacidad informática y ausencia de auditorías externas independientes.
3. Incumplimientos sistemáticos con la OSCE
El texto subraya que España habría violado más de veinte recomendaciones de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) desde la Cumbre de Estambul de 1999, en la que se comprometió a garantizar la transparencia electoral.
El autor enlaza el Informe de la OSCE sobre las elecciones de 2023, donde se recuerda la obligación de “seguir con prontitud las recomendaciones electorales” y lamenta la falta de cumplimiento de principios básicos como la publicación inmediata de resultados por mesa y la apertura de las juntas electorales al público.
4. Nacionalizaciones “exprés” y manipulación del censo exterior
Otro eje del informe se centra en las nacionalizaciones exprés por la Ley de Memoria Democrática, que —según Rocafort— se habrían usado con fines electoralistas para inflar el censo exterior (voto CERA) a favor del PSOE.
El Consejo de Transparencia habría exigido al Ministerio de Justicia la entrega del expediente completo de la instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, por ampliar arbitrariamente los criterios de concesión de nacionalidad.
5. El escrutinio bajo sospecha
El autor denuncia que el escrutinio provisional del 23-J —el que se comunica la noche electoral— no lo realiza una autoridad pública, sino la empresa INDRA, y que las Juntas Electorales suelen “dar por válidos” esos datos sin cotejar con las actas originales de mesa.
Cita el caso de Melilla, donde el escrutinio manual posterior corrigió errores significativos en detrimento de VOX y en beneficio de SUMAR.
6. Antecedentes internacionales: Venezuela, Angola, Colombia y República Dominicana
Rocafort documenta una serie de informes internacionales que, según su interpretación, muestran un patrón recurrente de irregularidades en los procesos gestionados por INDRA:
Venezuela (1998–2000): Informes del Carter Center señalan “opacidad, fallos del 10% en máquinas de votación y falta de integridad electoral”.
Angola (2008–2012): El Institute for Security Studies (ISS) y la UE denunciaron doble protocolo de resultados, ausencia de observadores y falta de tabulación manual.
Colombia (2022): Auditorías descalificaron el proceso por falta de independencia y control interno realizado por filiales de la propia INDRA.
República Dominicana (2016): La OEA recomendó una “reforma estructural profunda” tras detectar manipulación de resultados, fallos de conectividad y sustitución de autoridades electorales por técnicos vinculados a INDRA.
7. Señales de “pucherazo” según organismos internacionales
El documento recoge la Guía del Ministerio de Asuntos Exteriores español para la Observación Electoral, que considera “indicador de fraude” la falta de publicación inmediata de los resultados por mesa y colegio electoral.
INDRA, afirma Rocafort, incumple sistemáticamente esta práctica, lo que, de acuerdo con los criterios de la OSCE, constituye una “señal de manipulación potencial”.
8. Propuestas del autor para recuperar la integridad electoral
Entre las reformas que Rocafort propone destacan:
1. Validación telemática por los presidentes de mesa con copia escaneada pública de cada acta.
2. Sustituir a INDRA en el cómputo por Letrados de la Administración de Justicia, notarios o registradores.
3. Auditorías aleatorias en tiempo real durante el escrutinio.
4. Publicación inmediata y verificable de todos los datos mesa por mesa.
9. Conclusión
El informe Pucherazo electoral en España acusa directamente al Gobierno español de mantener una “autocracia electoral encubierta”, donde una empresa privada con antecedentes internacionales cuestionables controla la parte más sensible del proceso democrático: el recuento.
Para el autor, mientras no se adopten las medidas exigidas por la OSCE y la ciudadanía no exija transparencia plena, España seguirá siendo “una democracia fallida desde el punto de vista electoral”.
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