La medida, impulsada por la DGT, llega acompañada de un importante beneficio recaudatorio para Hacienda, que según diversas estimaciones ingresará más de 300 millones de euros gracias al nuevo sistema
Noticias20 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
Nuevo golpe del Gobierno de Pedro Sánchez a los españoles. A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores estarán obligados a llevar en su vehículo una baliza V16 conectada, un dispositivo que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia. La medida, impulsada por la DGT, llega acompañada de un importante beneficio recaudatorio para Hacienda, que según diversas estimaciones ingresará más de 300 millones de euros gracias al nuevo sistema.
Mientras el Ejecutivo defiende esta imposición como un avance en seguridad vial, numerosas voces críticas consideran que estamos ante una obligación innecesaria, mal diseñada y con un trasfondo claramente recaudatorio. Una de las más contundentes es la del divulgador de motor y director editorial de Carwow, Juan Francisco Calero, cuyo análisis se ha viralizado en redes sociales y ha puesto en entredicho la utilidad real del nuevo aparato.
En su vídeo —compartido miles de veces en X— Calero desmonta los argumentos oficiales y plantea ocho motivos de peso para oponerse a la baliza. El primero, y probablemente el más llamativo, es el carácter puramente nacional de la medida: solo los vehículos españoles tendrán que usarla, mientras que el resto de europeos podrán seguir utilizando sus triángulos sin sanción alguna. Una desigualdad que, a juicio del experto, rompe la lógica de cualquier norma de seguridad vial.
Otro de los puntos clave es la ausencia total de base estadística. La DGT justifica la eliminación de los triángulos alegando que su uso provoca atropellos, pero —según subraya Calero— ni la DGT ni ningún organismo público han aportado datos que lo respalden. Es decir, no existe evidencia de que los triángulos hayan incrementado la siniestralidad.
A esto se suma el problema técnico: la baliza V16 es menos eficaz de lo que se promete, especialmente en cambios de rasante o curvas, donde, tal como explica el divulgador, es prácticamente invisible. Si su objetivo es advertir a otros conductores, su diseño difícilmente cumple esa función.
Pero el listado de debilidades continúa. La normativa es tan permisiva que la intensidad lumínica puede variar enormemente entre modelos homologados. Dicho de otro modo, miles de conductores optarán por comprar la baliza más barata aunque ilumine menos, reduciendo así la efectividad del sistema desde el primer día.
Calero destaca, además, que el argumento de la “comunicación automática” con la DGT tampoco convence: la mayoría de coches modernos ya cuentan con llamada de emergencia (eCall) y muchos modelos incluyen servicios de asistencia que informan directamente a sus centrales, por lo que la V16 no aporta novedad real. Incluso plantea una alternativa más lógica: una aplicación móvil gratuita que envíe la geolocalización de un conductor averiado sin necesidad de imponer un dispositivo físico obligatorio.
Otro inconveniente relevante es su naturaleza electrónica: a diferencia de los triángulos, que siempre funcionan, la baliza requiere pilas y existe un riesgo evidente de que esté descargada cuando se necesite. Si se supone que debe aumentar la seguridad, depender de una batería suena más a problema añadido que a solución.
Finalmente, Calero critica la absoluta ausencia de campañas informativas. Si realmente fuese una medida vital, argumenta, la DGT habría explicado claramente su funcionamiento, su utilidad y su impacto. Sin embargo, la comunicación institucional ha sido prácticamente inexistente.
En resumen, frente a la narrativa oficial de que la V16 es un paso adelante, las críticas señalan una norma injusta, técnicamente cuestionable y con un evidente sesgo recaudatorio, que solo afectará a los conductores españoles mientras deja intactas las prácticas del resto de Europa.
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