Los investigadores detallan que de los 181.000 euros ya identificados, 84.930 se vinculan a contrataciones de familiares del socialista; 62.840, a dos pisos de alquiler en Madrid y a mobiliario adquirido en establecimientos como El Corte Inglés; y 33.574, a gastos efectuados con una tarjeta Visa de Servinabar
Corrupción20 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil expuso cómo, según sus pesquisas, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría destinado a viajes, muebles y comidas en restaurantes de alto precio parte de los 181.000 euros que los investigadores ya consideran “acreditados” dentro de la trama de corrupción que nació en Navarra y se extendió hasta el Ministerio de Transportes mientras José Luis Ábalos era ministro.
El magistrado Leopoldo Puente ha ordenado su excarcelación al juzgar “mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que aún falta por entregar el informe patrimonial completo.
El caso, que golpea de lleno al corazón orgánico del PSOE, destapa una red que, según la Guardia Civil, recibió mordidas de empresas como Acciona a cambio de influencias en adjudicaciones. El vehículo para mover ese dinero habría sido Servinabar, sociedad en la que Cerdán poseía un 45% y que los agentes señalan como pantalla para canalizar pagos hacia el exdiputado, su familia y su entorno político.
Los investigadores detallan que de los 181.000 euros ya identificados, 84.930 se vinculan a contrataciones de familiares del socialista; 62.840, a dos pisos de alquiler en Madrid y a mobiliario adquirido en establecimientos como El Corte Inglés; y 33.574, a gastos efectuados con una tarjeta Visa de Servinabar, cuyo uso coincide de forma constante con los movimientos del exdirigente.
Aunque desde el PSOE insisten en presentar a Cerdán como un político austero, la UCO ha documentado que la tarjeta de Servinabar se utilizaba exactamente en los mismos lugares donde él y su familia pasaban sus vacaciones. En agosto de 2023, en Tenerife, la tarjeta se empleó ya en Barajas antes del vuelo y después en el hotel H10 Costa Adeje Palace, un cuatro estrellas frente al mar. Durante esa semana, la familia acumuló once cargos más, entre ellos una mariscada de 344 euros en el restaurante La Vieja.
Un verano antes, en Ibiza, la dinámica fue idéntica: desde su llegada en ferry a Dénia hasta su regreso diez días después, la Visa se empleó en 16 ocasiones por un total de 1.795 euros, incluyendo restaurantes junto al puerto y locales del interior de la isla. Incluso el día del regreso aparece otro cargo, este último en la provincia de Alicante.
La tarjeta también refleja un uso intensivo en Madrid. Sólo en el restaurante Sazadón, situado a escasos metros del domicilio del exdirigente, se abonaron 7.470 euros entre 2022 y 2024. Lo mismo ocurría cuando Cerdán viajaba por España: Málaga, Sevilla o incluso Navarra muestran movimientos paralelos entre su ubicación y el uso de la Visa.
Servinabar también sufragó la vivienda de Cerdán en Madrid. Entre 2017 y 2018 pagó 7.200 euros por un piso en la calle Cardenal Cisneros; después, al llegar el PSOE a La Moncloa, comenzó el alquiler de un ático de unos 3.000 euros mensuales en Hilarión Eslava, que supuso 45.000 euros hasta que el contrato pasó a su nombre.
A esto se añadieron 3.146 euros de gestiones ligadas al alquiler, 2.210 euros en mobiliario adquirido en Cama & Confort y 5.520 euros en muebles comprados en El Corte Inglés. La esposa del exdirigente incluso recogió personalmente una “mesa auxiliar” adquirida a costa de la empresa.
La UCO concluye que la red también beneficiaba a la hermana, al cuñado y a la esposa de Cerdán. Su hermana, concejala socialista en Milagro, recibió 22.324 euros de Servinabar en 2020 y, según los agentes, habría seguido cobrando como “administrativa” en otra cooperativa vinculada a la trama, aunque aún falta el análisis bancario para calcular la cifra completa.
El cuñado recibió 53.130 euros entre 2019 y 2022, y la esposa percibió 9.500 euros de otra cooperativa creada por Joseba Antxon Alonso y Koldo García. La Guardia Civil sospecha que estos contratos pudieron ser simulados: no han encontrado correos, documentos o señal alguna de actividad laboral real.
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