El rigor del imperio de la ley, incluyendo la jurisdicción penal, debe extremarse con los miembros del Gobierno y del Parlamento, porque de lo contrario se impulsa la corrupción y se llega a la decadencia, como ha pasado en España según se acredita en estas denuncias
Opinion 25 de noviembre de 2025 Javier Marzal
Españoles por el futuro, junto a la Asociación de Ciudadanos Europeos contra la Corrupción (AECC), la Federación Española de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos (FEDEHU) y la Asociación Policías por la Libertad han denunciado a los Diputados que encubrieron a la Tríada tenebrosa, las tres bandas asesinas que utiliza la Alianza del PPSOE (PP+PSOE), en el Tribunal Supremo.
La denuncia se basa en la sesión en el Congreso del 20 de octubre de 2021, de la Comisión de Investigación Relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.
En dicha sesión, el Comisario Villarejo, ya jubilado, dijo que hay 10, 15 o 20 personas que asesinan con total impunidad, utilizando a la Triada tenebrosa que son la Sección Pi del CNI, un embrión de la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos de la Guardia Civil y de la Policía.
En definitiva, cuatro organizaciones civiles que trabajan contra la corrupción (AECC) en defensa de la Libertad (PxL) y los derechos humanos (FEDEHU) para que los españoles tengamos un futuro (ExF), denuncian a los Diputados representantes de todos los partidos políticos en el Congreso por encubrir a tres bandas institucionales que asesinan alegremente a quienes quieren y mañana podemos ser cualquier por nuestra actividad o porque quieren nuestro patrimonio, por nuestras relaciones o simplemente porque nos cruzamos por la calle con ellos y no les gustamos.
Se pide al Supremo que tramite la denuncia contra los Diputados y remita la denuncia al órgano judicial que corresponda la investigación de la Triada tenebrosa.
La denuncia comienza con un apartado titulado RECUSACIONES que tiene los tres párrafos siguientes:
Javier Marzal recusa a los magistrados Andrés Martínez Arrieta (Presidente de la Sala Penal), Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García, Vicente Magro Servet, Javier Hernández García, Pablo Llarena Conde, Leopoldo Puente Segura, Julián Sánchez Melgar y Ángel Luis Hurtado Adrián. por las resoluciones de éstos contra sus denuncias tramitadas en las cinco causas especiales del año 2025 siguientes: 003/0020187, 20148, 20162, 20870 y 003/0021386.
En estas resoluciones Marzal considera que no han respetado el imperio de la ley, según los hechos expuestos en el archivo adjunto, teniendo en cuenta que las apariencias también cuentan.
El rigor del imperio de la ley, incluyendo la jurisdicción penal, debe extremarse con los miembros del Gobierno y del Parlamento, porque de lo contrario se impulsa la corrupción y se llega a la decadencia, como ha pasado en España según se acredita en estas denuncias, pero los magistrados antedichos no lo comprenden, no les importa o no les interesa ser conscientes de ello.
El denunciante afirma que estos magistrados tratan de una forma distinta a los funcionarios de los tres poderes del Estado de los que forman parte, que al resto aunque sean los máximos cargos del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado. También es un tipo de corporativismo.
El documento que se adjunta tiene como título “reiterada arbitrariedad en magistrados del Supremo” y en 5 páginas el denunciante detalla numerosas discrepancias jurídicas que considera incumplimientos de la ley.
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