Impacto España Noticias
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha autorizado que el empresario Víctor Gonzalo de Aldama Delgado pueda disponer de una copia completa de la información contenida en sus dispositivos móviles, previo a su comparecencia prevista para este jueves 27 de noviembre. La medida se produce en el marco de la investigación judicial que analiza posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de COVID-19 en Canarias, conocida como la Trama Koldo.
El acceso a los datos de sus teléfonos forma parte de la estrategia de Aldama para colaborar con la justicia y aportar nuevos elementos que podrían involucrar al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en presuntas irregularidades cometidas durante su mandato como presidente del Gobierno de Canarias.
La solicitud del empresario fue atendida por el magistrado tras la entrega de un informe de la Guardia Civil que señala la participación de Torres en la gestión y pago de compras de mascarillas y otros materiales sanitarios, así como en la intermediación a través de empresas vinculadas a la trama investigada.
En la resolución judicial, se detalla que Aldama podrá recibir un disco duro que contiene la copia íntegra de sus dispositivos iPhone 15 Pro (serie X2YGHL65CX) y iPhone 13 Pro (serie TKWG7T917L), con el fin de que su defensa pueda analizar la información y aportar datos adicionales durante su declaración. Los dispositivos serán integrados en el expediente judicial electrónico, garantizando su custodia y el seguimiento formal del proceso.
Fuentes cercanas a la defensa de Aldama aseguran que el empresario ha recogido ya el disco duro y que un perito especializado se encuentra examinando la información, con el objetivo de preparar una exposición detallada sobre las actuaciones de Torres y su entorno durante la Trama Koldo. En declaraciones anteriores, Aldama aseguró que el entonces presidente del Gobierno de Canarias le reclamó el pago de una comisión de 50.000 euros relacionada con la gestión de mascarillas, que él se negó a abonar.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sustenta la investigación se centra en la llamada "rama canaria" de la Trama Koldo y detalla adjudicaciones irregulares de material sanitario, incluyendo mascarillas y tests de detección de COVID-19 durante el año 2020.
Según el documento, Torres habría intervenido directamente en la tramitación de pagos a la empresa Soluciones de Gestión S.L., facilitados por Koldo García, en operaciones que involucraron facturas por un valor aproximado de 12,3 millones de euros. La UCO apunta que Aldama actuó como intermediario para desbloquear estas operaciones, con Torres como interlocutor clave.
El propósito declarado por Aldama es ofrecer la máxima colaboración con la justicia, aportando documentación y datos que puedan esclarecer la actuación del gobierno autonómico durante la pandemia y las posibles irregularidades que se derivaron de los contratos con empresas vinculadas a la trama investigada. La comparecencia ante el juez Moreno se anticipa como una de las más relevantes dentro de esta investigación, dado que podría aportar pruebas que involucren a un miembro del Ejecutivo actual.
Tras la revisión de la información contenida en los dispositivos y la declaración de Aldama, el juez podría considerar la necesidad de remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo, en caso de estimar que existen indicios suficientes para solicitar la imputación de Torres como ministro en funciones.
Este paso marcaría un momento significativo en la evolución de la investigación, que hasta ahora ha concentrado sus esfuerzos en desentrañar la red de intermediarios, empresas y altos cargos vinculados a la gestión de material sanitario en Canarias durante la crisis sanitaria global.
El caso sigue generando expectación, no solo por las implicaciones judiciales que podría tener para Torres, sino también por la posibilidad de que se revelen nuevos mecanismos de corrupción y presuntas comisiones ilegales en la gestión pública durante una emergencia sanitaria de alcance internacional.
La declaración de Aldama se espera extensa y con alto valor probatorio, dado que el empresario ya ha mostrado disposición a colaborar y aportar elementos inéditos que podrían modificar la percepción de la actuación de la administración autonómica en aquel periodo crítico.
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