El Congreso tumba la senda de déficit del Gobierno con una mayoría absoluta en contra

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

En lo que respecta al resto de grupos, los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar), ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG han votado a favor de la propuesta, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido.

 Con esta ya van cinco las veces que el Gobierno ha intentado en esta legislatura aprobar esta senda de déficit y no lo ha conseguido, bien sea porque el PP la ha tumbado en el Senado o porque Junts se ha desmarcado del bloque de investidura y la ha rechazado en el Congreso.

El Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2023 en el marco del programa de estabilidad.

Esta argucia ya fue avalada por la Abogacía del Estado cuando el Senado tumbó los objetivos de estabilidad hasta en dos ocasiones en 2024 y los devolvió al Consejo de Ministros. 

Eso sí, la senda alternativa supone conceder menos capacidad de gasto a las autonomías.

Montero confía en aprobar las del próximo año 
Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

Los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno y rechazados por la Cámara Baja planteaban reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. 

Por subsectores, se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marcaba la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo.

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Para la Administración General del Estado el déficit era del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028; mientras que la Seguridad Social tenía marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se proponía un 'techo de gasto' récord de 216.177 millones de euros en 2026.

Sumar también se lleva un tropiezo con la ayuda del PSOE
El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.

La propuesta ha sido respaldada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. 

De su lado, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra; mientras que el PNV se ha abstenido como el PSOE.

Durante el debate de la iniciativa el martes, Sumar defendió la propuesta porque la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja del 2008.

Sin embargo, el diputado que impulsó la iniciativa y la defendió desde tribuna fue el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien viene mostrándose crítico con la ministra Rodríguez por iniciativas como la de habilitar el número de teléfono 047 para resolver dudas en materia de vivienda.

En el turno del PSOE, Gabriel Blanco apuntó que su grupo parlamentario no se iba a oponer a debatir cualquier medida que busque contribuir a poner solución al problema de la vivienda, pero aseveró que siempre lo hará "desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda".

En esta línea, Blanco subrayó que el Gobierno está haciendo un esfuerzo "inmenso" para poner fin a la crisis habitacional e invitó a Sumar a que "respete" ese trabajo y no incida en "desgastarlo", tal y como buscan "precisamente quienes quieren tumbar este Gobierno.

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PNV y Junts tienen dudas 
En el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indicó en su intervención que la propuesta que se plantea no supone una limitación excepcional limitada en el tiempo y en un ámbito territorial con el objetivo de lograr el fin social que pretende, sino que es una medida ilimitada, lo que en su opinión "dificulta" entender su encaje en el ordenamiento jurídico actual.

En lo que respecta a Junts, Marta Madrenas dijo que la iniciativa de Sumar "no resuelve ningún problema", sino que implica una "restricción más" que acabará bajando la oferta, pondrá en riesgo promociones de vivienda en curso y "distorsionará todavía más el mercado".

Una propuesta absurda para los partidos conservadores 
El diputado del PP Carlos Gil censuró que la propuesta de Sumar "empeora y aún más" la Ley de Vivienda, a la que tachó como una de las "más nocivas" que ha llevado a cabo el Gobierno. 

"Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate y una medida diseñada para poder señalar culpables", criticó el 'popular'.

Por último, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, esgrimió que la reforma propuesta por Alberto Ibáñez implicaría "el fin" del parque inmobiliario porque las cláusulas que impone supondrían "de facto" acabar con la inversión en este sector. "Viendo los resultados en dos años de Ley de vivienda, lo cierto es que la única modificación que cabría esperar de esta ley es aquella que rece en su artículo único su supresión", criticó.

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