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El pacto de investidura de Pedro Sánchez con EH Bildu ha dejado una de sus consecuencias más visibles en materia penitenciaria: la reducción del 54% de los presos de ETA internos en cárceles españolas desde 2018, cumpliendo las exigencias que impuso Arnaldo Otegui para apoyar la legislatura. Según datos recopilados por ABC, en ese año había 265 etarras cumpliendo condena, mientras que en 2025 la cifra ha caído hasta los 117.
La política penitenciaria cambió radicalmente con la llegada del PSOE al Gobierno. Desde entonces, el Ministerio del Interior ha aprobado traslados masivos, acercamientos al País Vasco y Navarra y el paso al tercer grado de numerosos internos, una dinámica que según juristas y asociaciones de víctimas supone una concesión directa a las demandas de la izquierda abertzale.
En palabras de Otegi, el acuerdo exigía “llevar a los presos a casa”, y los números muestran que esa hoja de ruta se ha ejecutado de forma constante año tras año.
El funcionario clave en esta política fue Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias desde 2018 hasta 2021. Durante su mandato se aceleraron los acercamientos y se generalizó la concesión de grados que permiten la semi-libertad, incluso a condenados por asesinatos múltiples. El propio Ortiz fue citado en diversas investigaciones judiciales por su papel en la concesión de beneficios penitenciarios, como en el caso Koldo o en procedimientos donde la Guardia Civil denunció presiones y anomalías internas.
La dispersión de presos de ETA —vigente durante décadas para evitar la concentración de comandos y la presión social sobre funcionarios— acabó oficialmente el 24 de marzo de 2023. Ese día se anunció el traslado final de los etarras que quedaban en cárceles alejadas, consolidando así la mayor reorganización penitenciaria desde la disolución de la banda terrorista.
Según los datos publicados, en 2018 había 193 etarras en cárceles españolas, 48 en el País Vasco y Navarra y 24 repartidos entre Francia y otros países europeos. En 2025, la distribución es muy distinta: 117 etarras permanecen en prisión, la mayoría ya cerca de sus lugares de origen y con procesos avanzados de beneficios penitenciarios.
Las asociaciones de víctimas han denunciado que esta política se ha llevado a cabo sin transparencia, con «criterios políticos y no penitenciarios», y reclaman explicaciones en el Senado y en el Congreso. Para ellas, se trata de «un pago político a EH Bildu» que ha supuesto la revisión acelerada de condenas y la vuelta progresiva de etarras a sus entornos sociales y familiares.
El Gobierno insiste en que todas las decisiones se ajustan a la ley, pero las cifras revelan un cambio de paradigma: en siete años, el Ejecutivo ha ejecutado la mayor rebaja de población reclusa etarra registrada desde los primeros años de la democracia, en plena negociación con los herederos políticos de la banda
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