Impacto España Noticias
El juez, Juan Carlos Peinado, cita este lunes a Begoña Gómez, a su asistente y a Juan Carlos Barrabés para comunicarles que les envía a juicio ante un jurado popular acusados de cuatro delitos por la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios.
Peinado da por concluida la instrucción que ha durado más de dos años cuando está al borde de la jubilación y anuncia que convocará una vistilla de medidas cautelares dada la gravedad de los delitos a los que se enfrenta la mujer del Presidente del Gobierno para conjurar, dice, el riesgo de fuga. Medidas cautelares que van desde la retirada de pasaporte y las comparecencias periódicas en el juzgado hasta la prisión provisional.
El juez ha puesto por escrito que las conductas que ha investigado "provienen de palacios presidenciales y parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo".
Según su tesis, Begoña Gómez y el empresario, Juan Carlos Barrabés, forjaron una relación de intereses cuando el matrimonio llegó al Palacio de la Moncloa, con base en la Universidad Complutense, a través de la cátedra que codirigía la mujer de Pedro Sánchez. Fruto de esa relación se produjo el despegue profesional de ella y se disparó la cuenta de resultados de él.
En este plan, la asistente designada por Moncloa tuvo un papel de cooperadora necesaria en los delitos que se investigan ejerciendo "presión moral" sobre quien tenia que decidir. Gómez "influyó" sobre autoridades y funcionarios "prevaliéndose de relación personal con el presidente del Gobierno, y de éste con el resto de la administración, facilitándose así el acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condición de esposa de sirviera para influir, y todo ello con el añadido de haber realizado reuniones en la Moncloa".
Solo las acusaciones populares que coordinan los ultracatólicos de Hazteoir comparten estos argumentos y pìden 24 años de cárcel para la mujer de Pedro Sánchez. La Fiscalía y las defensas piden el archivo de la causa y, en caso de que haya juicio, la libre absolución. Hasta la UCO en su último informe ha rebajado los indicios de delito contra los acusados.
El fiscal sostiene que el juez construye "teorías alambicadas sobre tramas de corrupción" para enviarles a juicio con la una mera relación conyugal como indicio de delito. Estamos, dice con sorna, ante un caso de corrupción "poco rentable" porque el beneficio es cero. Las defensas explican que la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense no empezó en 2018 con Sánchez como presidente del Gobierno, sino que lo hizo en el año 2012.
Respecto al papel de la asesora, recuerda que no está regulado y que todas las que le precedieron en el cargo se encargaron también de asuntos personales porque no se puede deslindar lo profesional de lo personal. También han denunciado la vulneración del derecho de defensa porque se admiten las diligencias de la acusación, pero no las de las defensas.
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