El presunto fraude económico que analiza la Audiencia Nacional superaría los 3.000 millones de dólares y se habría desarrollado entre 2011 y al menos 2019
Noticias10 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
La Audiencia Nacional investiga una red de blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA en una macrocausa en la que figura como uno de los principales protagonistas el empresario Alejandro Betancourt, vinculado a Derwick Associates y con conexiones con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Santiago Pedraz ha levantado recientemente el secreto de sumario que pesaba sobre una pieza clave del procedimiento.
En esta investigación figuran como imputados, además de Betancourt, otros conocidos empresarios del llamado grupo de los bolichicos, entre ellos Francisco Convit, Francisco D’Agostino y Pedro Trebbau, hasta un total de seis encausados. Todos ellos habrían participado en una compleja operativa financiera nacida al calor de la crisis energética venezolana de 2009, cuando se adjudicaron contratos millonarios para construir instalaciones eléctricas que, según la causa, nunca se materializaron como estaba previsto.
El presunto fraude económico que analiza la Audiencia Nacional superaría los 3.000 millones de dólares y se habría desarrollado entre 2011 y al menos 2019. El origen del procedimiento parte de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 17 de junio, tras recibir una solicitud formal desde Zúrich en septiembre de 2024 para coordinar las pesquisas que ya se seguían en Suiza.
Durante la fase más reservada de la investigación, agentes de la UDEF practicaron registros en varias propiedades situadas en España vinculadas a Betancourt. Entre ellas se encuentra el Castillo de Alamín, en la provincia de Toledo, un enclave que en su día perteneció al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En paralelo, el empresario llegó a estar reclamado por la justicia española para su extradición al Reino Unido, aunque esa orden quedó sin efecto tras su declaración judicial.
Betancourt preside Derwick, controla la marca de gafas Hawkers, lidera el grupo inversor O’Hara Administration y ha formado parte del consejo de Pacific Energy and Exploration Corp. Su entramado empresarial aparece también relacionado con negocios petroleros en la Faja del Orinoco a través de estructuras opacas y compañías instrumentales.
En este contexto reaparecen las acusaciones lanzadas en 2018 por el entonces presidente de PDVSA y exministro venezolano Rafael Ramírez, quien vinculó públicamente a Zapatero con proyectos petroleros en esa zona estratégica. Afirmó que el expresidente español habría recibido contratos en la Faja, declaraciones que el propio Zapatero negó de forma tajante. Inicialmente Ramírez sostuvo sus palabras en redes sociales, aunque años después rectificó y pasó a defender la actuación del exmandatario.
Otro de los elementos oscuros del caso es la muerte de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de PDVSA que estaba dispuesto a colaborar con la Fiscalía y la Policía española. Márquez fue hallado muerto en su despacho de San Sebastián de los Reyes en julio de 2019, apenas dos días después de haber declarado ante el juez y a las puertas de una nueva comparecencia. Aunque oficialmente se habló de suicidio, fuentes militares venezolanas y de inteligencia europea sostienen otra versión.
Las pesquisas también alcanzan a la empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPISA), que junto a una filial de PDVSA dio lugar a la sociedad mixta Petrosur, creada para explotar el bloque Junín-10 del Orinoco. Entre los socios figuraban nombres como Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol condenado por la Gürtel, y empresarios vinculados al entorno de los bolichicos, que habrían terminado controlando el proyecto mediante sociedades offshore.
A su vez, la investigación traza conexiones empresariales entre Betancourt, los hermanos Alberto y Alfonso Cortina, y Francisco D’Agostino a través del grupo financiero BDK, posteriormente rebautizado como Afrika Financial Group, con el que adquirieron entidades bancarias en África.
Este entramado enlaza, además, con la figura del empresario Víctor de Aldama, implicado en la trama Koldo. Las relaciones de Aldama con dirigentes socialistas se remontan a etapas previas al mandato de José Luis Ábalos como ministro, a través de su trabajo para Alberto Cortina y su vínculo con Koldo García. Según los informes de la UCO, Aldama compartió durante años con Zapatero contactos políticos de alto nivel en México y Venezuela, así como gestiones en favor de intereses empresariales españoles en la región.
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