«No sabemos aún cuántos menores van a venir ni cuándo, y debemos adaptar nuestros dispositivos a esas incertidumbres. Los menores llegan sin planificación y no nos queda más remedio que adaptarnos de esta manera»
Inmigración Ilegal24 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha confirmado la compra del convento de San Agustín, ubicado en Logroño, en el camino viejo de Oyón, para acoger a menas, y ha dicho que responde «a la imposición del Gobierno» de Pedro Sánchez.
Alfonso Domínguez ha respondido así a las preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados este martes en Consejo de Gobierno. «Tenemos un modelo de atención no sólo a menores no acompañados, sino a todos los que tengan necesidades por su situación de vulnerabilidad (…) que funciona correctamente», ha señalado.
Por eso "adquirimos" este convento que, como ha puntualizado, cuenta con una inversión de 2 millones de euros de Fondos Europeos y que, posteriormente, se quedará en el Patrimonio del Gobierno de La Rioja para utilizarlo en otros servicios públicos".
En este sentido, ha dicho que en la actualidad tienen «muchas incertidumbres». «No sabemos aún cuántos menores van a venir ni cuándo, y debemos adaptar nuestros dispositivos a esas incertidumbres. Los menores llegan sin planificación y no nos queda más remedio que adaptarnos de esta manera». Por eso —ha añadido— adquieren el convento, que se quedará en el Patrimonio del Gobierno de La Rioja para utilizarlo «en otros servicios públicos».
Pero, como matiza, "el proceso que está tomando el Gobierno de España es el que nos obliga y nos impone unas determinadas condiciones de ejecución y nos impone por Real Decreto, nos obliga a ejecutarlo de esta manera y, por tanto, a este cambio de modelo".
VOX ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que haga pública toda la información relativa al número total de menores extranjeros no acompañados (menas) acogidos en España, así como su reparto por comunidades autónomas, su país de origen y su situación administrativa.
Asimismo, denuncia una opacidad institucional deliberada y acusa al Ejecutivo de haber convertido lo que debía ser una situación excepcional en «un sistema estructural y permanente de acogida». Por ello, reclama que todos sean devueltos a sus países de origen.
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