El Senado ha decidido llevar al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por no haber elaborado ni presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio de 2026.
Por ello, la Cámara Alta considera que esta omisión supone una vulneración grave de sus atribuciones constitucionales y del papel de las Cortes Generales en el control de la acción del Ejecutivo.
La iniciativa de recurrir al Constitucional parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, como recuerda la institución en un comunicado, cuando, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, los senadores acordaron un conflicto de atribuciones.
Algo tras lo que el presidente del Senado, Pedro Rollán, envió un requerimiento al presidente Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto. Sin embargo, al no recibir respuesta por parte del Ejecutivo, el Senado ha decidido llevar el caso ante el alto tribunal.
Según explica la Cámara Alta, la Constitución obliga al Gobierno a elaborar y presentar cada año los Presupuestos para que puedan ser debatidos y votados en las Cortes Generales. Al no hacerlo, el Parlamento no puede ejercer una de sus funciones principales: debatir, modificar y aprobar o rechazar las cuentas públicas.
El Senado también denuncia que el Gobierno está recurriendo de forma continuada a la prórroga de los Presupuestos de 2023, una práctica que considera "abusiva" y contraria al principio de que las cuentas públicas deben aprobarse cada año. Además, critica que se estén realizando cambios en esos Presupuestos prorrogados sin el control del Parlamento.
En su recurso, la Cámara Alta señala que esta situación afecta al derecho de los senadores a participar en la función presupuestaria y debilita el control parlamentario sobre la acción del Gobierno. Asimismo, recuerda que en otras ocasiones, como en 1995 y en 2019, la falta de apoyo a los Presupuestos llevó a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones; algo que no ocurre en la actualidad.
Por todo ello, el Senado pide al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado sus competencias y que anule las prórrogas de los Presupuestos de 2023 aplicadas en 2024, 2025 y, en su caso, 2026. Al mismo tiempo que también solicita que se fije un plazo para que el Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional y presente unos nuevos Presupuestos.
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