El gobierno reconoció fuera de plazo la revisión de seguridad de la presa de Forata durante la DANA que devastó Valencia

La Administración General del Estado reconoció, de manera implícita pero documentada, que la presa de Forata no cumplía con la normativa vigente de revisiones de seguridad cuando se produjo la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, el episodio de lluvias torrenciales que causó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia y provocó graves daños materiales en decenas de municipios.

Este reconocimiento no se produjo mediante una comparecencia pública ni a través de un informe específico posterior a la tragedia, sino en el marco de un procedimiento administrativo ordinario impulsado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la exvicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

En la documentación correspondiente a la licitación del contrato para la redacción de la tercera revisión y análisis general de la seguridad de la presa y embalse de Forata, la CHJ admite que la infraestructura había superado el plazo máximo legal sin someterse a la revisión obligatoria.

Una obligación legal incumplida desde 2022
La Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y puesta fuera de servicio de presas establece que las grandes presas clasificadas como categoría A —aquellas cuya rotura podría ocasionar pérdidas humanas o daños de extrema gravedad— deben someterse a una revisión general de seguridad con una periodicidad máxima de cinco años.

Según reconoce la propia Confederación Hidrográfica del Júcar en la memoria justificativa del contrato, la segunda revisión de seguridad de la presa de Forata se realizó en el año 2017. En consecuencia, la normativa obligaba a realizar una nueva revisión antes de que finalizara el año 2022.

Sin embargo, dicha revisión no se encargó ni se redactó dentro del plazo establecido. Cuando la DANA azotó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, la presa llevaba al menos dos años fuera del calendario legal de control exigido por la normativa estatal en materia de seguridad de presas.

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Forata, una infraestructura crítica bajo la mirada del Cecopi
Durante los días de la DANA, la presa de Forata se convirtió en uno de los principales focos de preocupación del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), en el que participaron responsables de la Generalitat Valenciana, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de distintos cuerpos de seguridad y emergencias.

La acumulación de agua en el embalse, unida a la intensidad extraordinaria de las precipitaciones, llevó a evaluar escenarios de riesgo extremo, incluida la posibilidad de un fallo estructural de la presa, con consecuencias potencialmente catastróficas para las poblaciones aguas abajo.

Finalmente, la infraestructura resistió la presión hidráulica y no se produjo su colapso. No obstante, el hecho de que la presa no hubiera sido revisada conforme a los plazos legales introduce un elemento crítico en la evaluación de la gestión preventiva del riesgo.

Una revisión para detectar carencias, tras la tragedia
En la propia memoria del contrato, la Confederación Hidrográfica del Júcar califica la presa de Forata como una infraestructura hidráulica crítica y subraya la necesidad de garantizar su seguridad mediante revisiones periódicas que acrediten que la explotación se realiza conforme a las Normas de Explotación aprobadas, al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses y a la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

El objetivo declarado de la nueva revisión es “poner de manifiesto las posibles carencias existentes en relación con la seguridad de la presa” y, a partir de ese diagnóstico, impulsar las actuaciones necesarias para subsanar dichas deficiencias.

Este planteamiento resulta especialmente relevante por el momento en el que se activa: más de un año después del episodio que sometió a la infraestructura a una de las mayores tensiones de su historia reciente.

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El barranco del Poyo, epicentro de la tragedia
Aunque la presa de Forata no falló, la tragedia humana se produjo como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo, una cuenca de respuesta rápida que atraviesa municipios como Paiporta, Catarroja, Massanassa, Sedaví y Alfafar, zonas densamente pobladas y profundamente transformadas por la actividad urbanística e industrial.

En otros expedientes administrativos impulsados por el propio Ministerio para la Transición Ecológica, se reconoce que los proyectos destinados a reducir el riesgo de inundación en el barranco del Poyo arrastraban un largo historial de retrasos, modificaciones y bloqueos administrativos.

En particular, se admite que en octubre de 2021 la Confederación Hidrográfica del Júcar adjudicó la redacción de un proyecto para desviar el barranco hacia el nuevo cauce del río Turia, pero que la solución planteada encontró obstáculos legales relacionados con la Ley de Protección de la Huerta de la Generalitat Valenciana de PSOE y Compromis, lo que obligó a replantear la actuación.

Proyectos limitados y protección insuficiente
La alternativa finalmente considerada apostaba por una adecuación ambiental del barranco en determinados tramos, con una mejora del entorno y una reducción parcial del riesgo, aunque limitada a avenidas de caudal bajo. El propio organismo reconoce que esta solución no ofrecía protección suficiente frente a episodios extremos como el registrado en octubre de 2024.

La Administración asume ahora que la implementación de medidas eficaces para reducir el riesgo de inundación en estas cuencas ha seguido un proceso administrativo largo y complejo, a pesar de que el peligro estaba identificado desde hace años en documentos técnicos y planes hidrológicos.

Riesgo creciente
En los pliegos de los nuevos contratos, el Gobierno reconoce expresamente la peligrosidad actual de estas zonas y su previsible incremento, que intensifica la frecuencia y severidad de los episodios de lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo.

Entre las actuaciones previstas se incluyen medidas de restauración ambiental, como la mejora de la cubierta vegetal degradada por décadas de actividad económica intensiva, así como campañas de divulgación para incrementar la conciencia social sobre el riesgo de inundación y la necesidad de autoprotección.

Un desastre que no fue imprevisible
La lectura conjunta de los documentos administrativos posteriores a la DANA dibuja un escenario inquietante: revisiones de seguridad fuera de plazo en infraestructuras críticas, proyectos de mitigación bloqueados durante años y un riesgo ampliamente conocido que no fue abordado con la urgencia necesaria.

Lejos de tratarse de un fenómeno imprevisible, el propio lenguaje técnico empleado por la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Ministerio para la Transición Ecológica pone de manifiesto que el riesgo estaba identificado, diagnosticado y documentado.

Un año después de la catástrofe, el reconocimiento de estos incumplimientos y retrasos reabre el debate sobre la responsabilidad administrativa, la planificación preventiva y la capacidad real del Estado para anticiparse a riesgos que, como ha quedado demostrado, no son excepcionales, sino recurrentes y cada vez más intensos.

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