Impacto España Noticias
El atestado 164/2025 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapa un complejo entramado de contraprestaciones económicas que vinculan a una organización criminal del sector de los hidrocarburos con las más altas esferas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Según los investigadores, el núcleo de esta operativa residía en la capacidad de Víctor de Aldama para influir en decisiones administrativas clave a cambio de beneficios económicos tangibles, que iban desde pagos en efectivo hasta la adquisición de propiedades de lujo.
El punto de inflexión de esta trama se sitúa en la obtención de la licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel SL. La investigación sugiere que el éxito de este trámite, que se creía próximo en junio de 2021, fue el detonante para que los cabecillas de la organización ordenaran activar el pago de las contraprestaciones pactadas. Las pruebas recabadas a través de intervenciones telefónicas muestran una conexión directa entre el otorgamiento de la autorización y la materialización de los pagos, con frases lapidarias que vinculan el «botoncito» de la resolución administrativa con la adquisición de una vivienda para el entonces ministro José Luis Ábalos.
EL CHALÉ DE LA ALCAIDESA COMO PAGO EN ESPECIE
Uno de los pilares de las contraprestaciones investigadas es la adquisición de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz. Según el informe de la UCO, la organización criminal formalizó la compra de esta propiedad, elegida por Ábalos, como parte del acuerdo de influencias. Los agentes han documentado comunicaciones donde se detalla la búsqueda activa del inmueble a través de portales inmobiliarios y el intercambio de impresiones sobre las características de la casa, que contaba con seis habitaciones y una ubicación estratégica cerca de Gibraltar.
La investigación revela que la urgencia por cerrar la operación inmobiliaria era máxima. Koldo García, actuando como intermediario, insistía al ministro sobre la idoneidad de las opciones seleccionadas, destacando su tamaño y situación turística. Para la Guardia Civil, esta adquisición no fue un hecho aislado, sino una contraprestación directa por la intermediación realizada en favor de los intereses de la red criminal encabezada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama.
INGENIERÍA FINANCIERA DE MTM 180 CAPITAL
Para canalizar los fondos sin levantar sospechas inmediatas, la organización habría diseñado una estructura de contratos de asesoría simulados. La empresa MTM 180 Capital SL, administrada por Víctor de Aldama, se convirtió en el vehículo principal para recibir las transferencias bancarias. En concreto, la UCO ha identificado dos pagos realizados en el verano de 2021 por importes de 181.500 euros y 110.916,66 euros, sumando un total de 292.416,66 euros bajo el concepto oficial de «pago de facturas de asesoría«.
Sin embargo, los investigadores sostienen que estos servicios eran inexistentes. Los fondos procedían de Have Got Time SL, una mercantil descrita en el atestado como una empresa meramente instrumental incorporada por Claudio Rivas para perfeccionar operativas de blanqueo y fraude fiscal. El contrato de prestación de servicios firmado entre ambas sociedades el 1 de mayo de 2021 es considerado por la Guardia Civil como el «instrumento que amparó el pago de las contraprestaciones económicas» que la red transfirió a Aldama por su labor de mediación.
Pantallazos de los WhatsApp de las transacciones
PAGOS A LARGO PLAZO
La ambición de la trama no se limitaba a pagos puntuales. Los documentos intervenidos el 16 de diciembre de 2024 revelaron la existencia de una adenda al contrato entre Have Got Time y MTM 180 Capital que proyectaba una lluvia de fondos mucho mayor. En este anexo, se acordó que las transferencias ascenderían a un total de 3,5 millones de euros repartidos en un periodo de 15 meses, con fecha de finalización prevista para julio de 2023.
Este flujo constante de dinero refuerza la tesis policial de que Aldama no solo cobraba por gestiones aisladas, sino que se había integrado plenamente en la estructura de la organización criminal. La fiscalización de las cuentas bancarias ha permitido cuantificar que el capital total percibido por la empresa de Aldama procedente de la instrumental Have Got Time alcanzó los 1.217.259,98 euros entre junio de 2021 y junio de 2022.
Esta cifra evidencia la magnitud de los beneficios que la red estaba dispuesta a repartir para asegurar su posición en el mercado estratégico de los hidrocarburos.
El esquema de contraprestaciones no podría entenderse sin la figura de los facilitadores que operaban en los márgenes de la legalidad. Leonor María González, como administradora de la instrumental Have Got Time SL, jugaba un papel crucial en la formalización de los contratos y la gestión de los fondos que finalmente llegaban a Aldama.
Las conversaciones intervenidas muestran cómo González informaba puntualmente a Aldama sobre los avances en el ministerio y coordinaba la apariencia de normalidad técnica necesaria para que Villafuel SL obtuviera su licencia.
Incluso se documentaron ofertas de incorporación a gabinetes oficiales que, aunque rechazadas en algunos casos por temor a salpicar a Aldama, demuestran la porosidad entre la red y el entorno ministerial.
El atestado concluye que todo este sistema de pagos, ya fuera en metálico, mediante inmuebles o transferencias a sociedades pantalla, tenía un único objetivo: corromper el proceso de toma de decisiones públicas para favorecer un negocio ilícito que llegó a defraudar más de 163 millones de euros en un solo ejercicio fiscal.
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Fuente: Moncloa
