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La erosión acelerada del orden internacional basado en reglas ha abierto un nuevo escenario geopolítico en el que los estados utilizan cada vez con menos tapujos la fuerza —económica, diplomática, militar o híbrida— para ajustar su posición estratégica.
La era Trump consolidó una tendencia que ya venían impulsando otros actores —Rusia en Crimea, China en el Mar del Sur y los propios Estados Unidos en Oriente Medio—: el retorno del poder como idioma fundamental de la política internacional.
En ese contexto, España ha rehusado sistemáticamente utilizar herramientas que, dentro de los marcos legales europeos y atlánticos, podrían haber reducido de manera significativa la capacidad de presión del régimen marroquí sobre Ceuta y Melilla. No hablamos de aventuras bélicas ni fantasías nacionalistas, sino de instrumentos que otros países europeos emplean con naturalidad para defender sus intereses.
Sin embargo, PP y PSOE —encarcelados en una visión diplomática heredada del siglo XX— han preferido mantener una política exterior defensiva, temerosa y reactiva frente a Marruecos. Una política que, lejos de estabilizar la relación bilateral, ha convertido a España en un actor permanentemente condicionado por las decisiones de Rabat.
Ceuta y Melilla: el punto ciego del bipartidismo
Ceuta y Melilla son el eslabón más débil de la seguridad nacional española por un motivo sencillo: Marruecos no ha renunciado nunca a sus pretensiones sobre ambos territorios. Esta presión, lejos de ser retórica, se ha expresado en los últimos años a través de ataques híbridos, siendo el episodio de mayo de 2021 la demostración más clara de una estrategia coercitiva basada en la instrumentalización de los flujos migratorios.
En aquel episodio, Marruecos abrió deliberadamente las compuertas migratorias hacia Ceuta, poniendo en riesgo a miles de menores y tensionando la capacidad de respuesta de España en cuestión de horas. Una operación híbrida de manual que, frente a cualquier país europeo central, habría generado una reacción política de alto nivel. En España, el episodio fue despachado mediáticamente en pocos días y políticamente en pocas semanas.
Ni PP ni PSOE extrajeron una sola conclusión estratégica. Ni reforzaron la posición española en los organismos europeos, ni solicitaron mecanismos de protección adicionales, ni aprovecharon la coyuntura para elevar el coste político de este tipo de maniobras.
La opción ignorada: Frontex y el reconocimiento de fronteras exteriores
Una de las medidas de mayor impacto estratégico —y paradójicamente de menor coste político— habría consistido en solicitar la intervención de Frontex en Ceuta y Melilla. Esta medida, defendida de manera casi exclusiva por VOX y rechazada por el bipartidismo, supondría el reconocimiento práctico de ambas ciudades como fronteras exteriores de la Unión Europea.
El significado político de ese reconocimiento es evidente: Marruecos dejaría de poder tratar la presión migratoria como un problema bilateral y pasaría a enfrentarse a la Unión en su conjunto. En otras palabras, se internacionalizaría el conflicto por la soberanía de Ceuta y Melilla y se elevaría de manera drástica el coste de cualquier intento de coerción futura.
No es casual que Marruecos lleve años desplegando una diplomacia silenciosa para evitar exactamente esa posibilidad. Lo sorprendente es que PP y PSOE hayan actuado como cómplices involuntarios de esa estrategia por mera inercia o por temor a tensar la relación bilateral.
La hipótesis de la escalada: quién tiene realmente más que perder
El argumento que PP y PSOE han utilizado recurrentemente para justificar su pasividad es que “no conviene tensar” las relaciones con Marruecos. Sin embargo, el análisis económico apunta en sentido opuesto: una ruptura diplomática controlada sería, en términos netos, mucho más dañina para Rabat que para Madrid.
Marruecos depende estructuralmente de España y de la UE en tres planos fundamentales:
Comercial: el grueso del comercio exterior marroquí tiene como destino Europa, con España como socio principal.
Financiero: la inversión extranjera directa que sostiene parte de su industria proviene mayoritariamente del espacio europeo.
Migratorio: las remesas enviadas por migrantes desde Europa representan aproximadamente el 7–8% del PIB marroquí, un porcentaje crítico para la estabilidad social del país.
Además, España actúa como puerta logística marroquí hacia Europa. El cierre o ralentización de esa vía elevaría la prima de riesgo marroquí, afectaría al turismo y tensionaría un modelo económico ya frágil.
Sin embargo, pese a esa ventaja estructural, Madrid renuncia a utilizarla.
La política exterior como tabú interno
La pregunta que subyace es incómoda pero inevitable: ¿Por qué un país con la capacidad económica, jurídica y diplomática de España renuncia sistemáticamente a proyectar poder frente a un vecino que sí lo hace?
Las respuestas son varias:
Complejo poscolonial heredado de la Transición
Miedo a la crítica mediática internacional
Sumisión doctrinal a una diplomacia de “riesgo cero”
Prioridad del apaciguamiento frente al coste político interno
Mientras tanto, Marruecos ha entendido que la presión funciona. Cada concesión española valida la siguiente.
La renuncia estratégica como política de Estado
España no tiene un problema con Marruecos; tiene un problema consigo misma. El bipartidismo ha convertido la relación con Rabat en un terreno donde la defensa del interés nacional está subordinada a la obsesión por evitar cualquier conflicto diplomático, aunque ese conflicto sea inevitable y aunque la pasividad incentive nuevas ofensivas híbridas en el futuro.
En un mundo que se reorganiza en torno al poder y no al prestigio jurídico, mantener esa política es una anomalía estratégica. La pregunta ya no es si España puede proteger sus intereses en Ceuta y Melilla, sino si está dispuesta a hacerlo.
Mientras PP y PSOE sigan interpretando la seguridad nacional como un asunto de protocolo diplomático, la respuesta seguirá siendo negativa.
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