Impacto España Noticias
Un empleado de Correos implicado como testigo clave en el presunto amaño del voto por correo en Albaida del Aljarafe terminó siendo contratado por el Ayuntamiento del municipio años después de los hechos investigados, pese a haber declarado desde prisión y a arrastrar una condena firme por abusos sexuales a un menor.
La contratación se produjo el 1 de julio de 2025, cuando el consistorio, gobernado por el PSOE, incorporó a A.G.D. como peón municipal. Según fuentes municipales, sus tareas incluían labores de mantenimiento en instalaciones públicas, entre ellas el colegio local, donde llegó a realizar trabajos de reparación. Tras finalizar ese contrato temporal, el trabajador fue recolocado en el área de ayuda a domicilio, una decisión que ha generado una fuerte polémica en el municipio.
El recorrido judicial de A.G.D. es especialmente sensible. En julio de 2023 compareció como testigo ante la jueza que instruye la causa por la presunta manipulación electoral, una declaración que tuvo que realizarse por videoconferencia porque en ese momento se encontraba cumpliendo condena en prisión.
La Audiencia Provincial de Sevilla le había impuesto cinco años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales a un menor de 14 años, amigo de su hijo, una sentencia posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los hechos probados por los tribunales describen un contacto iniciado en 2017 a través de Facebook que derivó en conversaciones de carácter sexual y en varios encuentros en el domicilio del condenado. Además de la pena de prisión, se le impuso libertad vigilada tras su excarcelación, una orden de alejamiento de la víctima durante diez años y el pago de una indemnización económica.
Paralelamente a ese historial penal, su nombre aparece ligado a una de las investigaciones más delicadas sobre procesos electorales en Andalucía. Durante las municipales del 26 de mayo de 2019, A.G.D. trabajaba en la oficina de Correos de Albaida del Aljarafe. En su declaración judicial negó haber cometido irregularidades y aseguró haber seguido siempre los protocolos, afirmando que nunca gestionó un voto sin la presencia del elector. Esa versión, sin embargo, contradice testimonios recogidos por la Guardia Civil y diversa documentación incorporada al sumario.
Entre los relatos más comprometidos figura el de varios vecinos que sostienen haber cedido su voto por correo a cambio de promesas de empleo temporal. Uno de ellos declaró que ni siquiera acudió a una oficina postal, limitándose a entregar su DNI a un intermediario vinculado al Ayuntamiento, que se encargó del trámite.
Los investigadores detectaron un patrón repetido: solicitudes de voto gestionadas por terceros, firmas ausentes y electores que ni siquiera eran conscientes de haber participado en el proceso. En ese engranaje, el papel del empleado de Correos era fundamental para que los sufragios llegaran a destino, incluso sin la presencia del votante.
La investigación se abrió tras detectarse un dato anómalo en el recuento electoral. Mientras la media nacional de voto por correo en aquellas municipales rondó el 3,6%, en Albaida del Aljarafe se disparó hasta el 14,92%, una cifra que activó las alarmas.
Desde entonces, los investigadores analizan si este caso forma parte de un patrón más amplio que podría haberse reproducido en otros territorios, con prácticas similares de suplantación de identidad, manipulación documental y captación de votos mediante ofertas de trabajo.
Lo que ha provocado mayor indignación pública es que, tras solicitar una excedencia en Correos y con una condena por delitos sexuales en su historial, A.G.D. acabara integrándose en la plantilla municipal y desempeñando funciones en entornos especialmente sensibles.
La sucesión de decisiones ha reavivado el debate sobre los controles en la contratación pública y sobre las responsabilidades políticas derivadas de uno de los casos de presunto fraude electoral más controvertidos de los últimos años en Andalucía.
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