Impacto España Noticias
La tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana dejó más que víctimas, daños e indignación social. Dejó un vacío de verdad. Desde que estalló el episodio, una pregunta básica ha sobrevolado el debate público: ¿quién decidió qué y cuándo?
Averiguarlo era imperativo para comprender si el Estado respondió a tiempo o si falló en su deber. Sin embargo, con el paso de los meses ha ido emergiendo una realidad distinta: la verdad completa no se está buscando, y los pocos hilos que podrían conducir a ella han sido cortados, borrados o ignorados.
El borrado de los mensajes del Gobierno central
Uno de esos hilos era crucial: las comunicaciones entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el jefe superior de Policía en la región, Carlos Gajero, durante las horas más dramáticas de la emergencia. Cuando el jefe policial fue requerido para aportar esa información en el Senado, reconoció que los mensajes ya no existían, alegando que “se borran al cabo de un año por protección de datos”.
La explicación es tan superficial como alarmante. Que el Gobierno central gestione una emergencia civil mediante comunicaciones que desaparecen automáticamente, sin registro, sin custodia y sin trazabilidad, es incompatible con cualquier estándar serio de transparencia democrática. Esas comunicaciones podrían haber permitido reconstruir la cadena de mando, los tiempos de reacción, las solicitudes de recursos, las órdenes emitidas y la coordinación institucional. Sin ellas, se ocultan los engranajes del Estado en el momento en el que más se necesitaba claridad.
Es especialmente preocupante que el PSOE haya asumido esta destrucción de registros como un mero trámite técnico. Porque si el Gobierno está seguro de su actuación, ¿por qué tanto interés en que no queden rastros?
La instrucción judicial que evita mirar hacia arriba
Pero el borrado de los mensajes no es el único síntoma de opacidad. La investigación judicial de la tragedia —encabezada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja— ha adoptado un enfoque procesal que resulta, cuanto menos, llamativo: la instrucción ha puesto el foco casi exclusivamente en responsabilidades autonómicas y municipales, mientras evita escrutar el papel del Gobierno central.
La jueza ha rechazado en varias ocasiones investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pese a que era la máxima representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el territorio afectado durante la catástrofe. Tampoco ha solicitado investigar al Ministerio del Interior ni ha exigido las comunicaciones que —según reconoció la Policía— ya han sido borradas. Ni siquiera ha reclamado mecanismos de respaldo o copias forenses que podrían existir en estructuras estatales.
En cambio, la instrucción sí ha formalizado como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Y, en paralelo, ha llamado a declarar como testigos a figuras de relieve político como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mientras que ninguna autoridad del Gobierno central ha sido requerida ni como investigada ni como testigo.
El resultado procesal es evidente: el foco penal apunta hacia el Partido Popular, que en aquella fecha gobernaba la Generalitat y los municipios afectados, mientras el PSOE, que controlaba el Estado y la cadena operativa de seguridad nacional, permanece fuera del radar judicial.
Dos varas de medir
Esta asimetría en la instrucción genera una sensación difícil de ignorar: existen dos niveles de exigencia, uno severo para el ámbito autonómico y municipal, y otro indulgente para el nivel estatal. Pero si la DANA puso a prueba la capacidad de reacción del país, la estructura autonómica y municipal tenía recursos limitados, mientras que el Estado podía:
activar unidades de emergencia,
movilizar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
declarar situaciones extraordinarias,
redistribuir efectivos,
reforzar medios materiales y humanos.
Si se renuncia a examinar la actuación del Estado, la investigación queda incompleta por definición.
¿Justicia o relato?
Cuando el Gobierno central borra mensajes institucionales clave alegando “protección de datos” y la jueza a cargo evita reclamar esa información mientras orienta el proceso hacia un único color político, lo que se produce no es un esclarecimiento, sino una narrativa judicial. Una narrativa que tiene un destinatario y un perjudicado.
En este caso:
beneficia al PSOE, que queda al margen del escrutinio,
perjudica al PP, que concentra el peso penal, mediático y político de la tragedia,
perjudica a las víctimas, que siguen sin saber la verdad completa.
El derecho a la verdad
Las tragedias nacionales exigen transparencia. No solo para asignar responsabilidades, sino para que el país aprenda, corrija y mejore sus mecanismos de protección civil. Pero cuando la información clave se destruye, y cuando las investigaciones judiciales apuntan solo hacia donde conviene, la democracia se empobrece, la confianza pública se erosiona y la justicia se vuelve un instrumento narrativo.
La pregunta permanece abierta:
¿Está España buscando la verdad de la DANA o está buscando un culpable útil?
Mientras nadie revise la actuación del Gobierno central, la respuesta seguirá inclinándose hacia lo segundo.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
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