Impacto España Noticias
El escándalo por la presunta manipulación del voto por correo en Albaida del Aljarafe (Sevilla) suma un nuevo capítulo que refuerza las sospechas sobre la limpieza de las elecciones municipales de 2019. La investigación judicial, impulsada tras una denuncia de Izquierda Unida, apunta ahora a posibles favores políticos concedidos después de los hechos.
En el centro del caso se encuentra A.G.D., trabajador de Correos, que compareció como testigo ante la jueza instructora y que, tras su implicación en la tramitación de votos presuntamente irregulares, ha sido contratado por el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, gobernado por el PSOE, en el área de ayuda a domicilio. La documentación que acredita esta contratación, en poder de TO, ha encendido todas las alarmas entre las acusaciones.
El 7 de julio de 2023, A.G.D. declaró como testigo y negó cualquier irregularidad en la gestión del voto por correo. Aseguró que siempre respetó los protocolos y que nunca tramitó un voto sin la presencia del elector. Sin embargo, esa versión choca con los testimonios recabados por la Guardia Civil, que describen un entramado organizado para desviar votos a favor del PSOE.
Uno de los relatos clave es el de J.M.M., vecino de Albaida, quien afirmó que le ofrecieron un contrato de trabajo a cambio de firmar su voto por correo. Según explicó ante los investigadores, no acudió a ninguna oficina postal. Entregó su DNI a B.D.A., entonces encargado general del Ayuntamiento y marido de la teniente de alcalde, quien se ocupó de llevar la documentación a Correos para completar el trámite.
El caso no se limita a un episodio aislado. La Guardia Civil ha identificado a varias personas que cedieron su derecho al voto a cambio de promesas de empleo municipal. En otros supuestos, los ciudadanos ni siquiera fueron conscientes de que su identidad había sido utilizada para votar. Algunos firmaron documentos sin saber su finalidad y otros descubrieron que habían “votado” solo cuando recibieron la citación judicial.
La investigación arrancó tras detectar una anomalía estadística difícil de justificar. Mientras que la media nacional de voto por correo en las municipales de 2019 se situó en el 3,6%, en Albaida del Aljarafe alcanzó el 14,92%. Ese incremento disparó las sospechas y motivó la actuación de la Guardia Civil, que comenzó a reconstruir un sistema con claros intereses electorales.
Según los informes policiales, la presunta manipulación operó de forma jerárquica. A.C.L., concejal socialista, seleccionaba a las personas dispuestas a ceder su voto a cambio de empleo. B.D.A. contactaba con los votantes y gestionaba la documentación. A.G.D., desde su posición en Correos, tramitaba los votos por correo sin que los electores acudieran ni firmaran de forma presencial.
Este mecanismo habría facilitado tanto la cesión voluntaria del voto como la suplantación de identidad. Algunos vecinos declararon que no sabían que habían votado hasta que la jueza los llamó a declarar.
Uno de los elementos más controvertidos del caso es lo ocurrido después. Tras aparecer vinculado a la causa, A.G.D. solicitó una excedencia en Correos. Poco después, el Ayuntamiento de Albaida, controlado por el PSOE, lo incorporó a su plantilla en el área de ayuda a domicilio. Para la acusación popular, esta contratación resulta difícil de desligar de su papel en el caso.
Las pesquisas también señalan que se habrían manipulado votos de varios familiares del propio A.G.D., entre ellos su exmujer, sus hijas y su actual pareja, con solicitudes tramitadas por una misma persona. Un patrón que refuerza la tesis de una actuación coordinada.
Fuentes cercanas a Izquierda Unida aseguran que la contratación es conocida incluso dentro del propio PSOE local y la califican de altamente sospechosa. Además, no descartan que el trabajador de Correos vuelva a ser citado tras la declaración de O.G.S., responsable de la oficina postal de Albaida, prevista en las próximas semanas.
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