Impacto España Noticias
VOX ha interpuesto una querella contra contra la constructora Sumelzo S. A. y contra sus administradores solidarios, Fernando Sumelzo Cia y Juan José Sumelzo Jordán, por una presunta trama de adjudicaciones públicas millonarias que, según sostiene la formación, estarían vinculadas a gobiernos y administraciones controladas por el PSOE.
El escrito atribuye posibles delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La iniciativa judicial ha sido registrada en un juzgado de instrucción de Madrid y se presenta por parte de VOX en calidad de acusación popular. El partido solicita la apertura de diligencias penales para analizar un elevado volumen de contratos concedidos a la empresa desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.
Uno de los ejes centrales de la querella es la relación familiar entre los responsables de la constructora y Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y diputada del PSOE. Según el escrito, esta cercanía política habría generado un entorno propicio para influir en las decisiones administrativas, vulnerando los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia que deben regir la contratación pública.
VOX sostiene que, a partir de 2018, Sumelzo S. A. habría experimentado un incremento inusual de su facturación procedente de contratos públicos, con un crecimiento superior al 150% en apenas dos años. La formación cifra en más de 30 millones de euros el volumen total adjudicado a la empresa, destacando que cerca del 90% de esos ingresos procederían de administraciones gobernadas por el PSOE, tanto en el ámbito estatal como autonómico y municipal.
La querella pone el foco en adjudicaciones realizadas por distintos organismos públicos, entre ellos los ministerios de Defensa y de Transición Ecológica, así como el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, varias comarcas y numerosos ayuntamientos aragoneses, todos ellos bajo control socialista en el momento de los contratos.
En el ámbito del Ministerio de Defensa, el escrito destaca obras valoradas en torno a seis millones de euros, algunas financiadas con fondos europeos, ejecutadas en instalaciones militares como el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.
En cuanto al Ministerio para la Transición Ecológica, VOX denuncia la concesión de once contratos por un importe aproximado de dieciséis millones de euros, muchos de ellos canalizados a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro durante la etapa de Teresa Ribera al frente del departamento.
El documento judicial incorpora además informaciones periodísticas que apuntan a posibles conexiones entre empresas del entorno Sumelzo y sociedades investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en supuestas tramas de comisiones ilegales. Entre los hechos citados figura un pago de 12.100 euros a la mercantil Servinabar, vinculada en investigaciones a la presunta trama de mordidas relacionada con Santos Cerdán.
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