Una serie de documentos entregados en el juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional recoge el análisis de todas las irregularidades encontradas en el proceso de selección, contratación y control de presencia en el Grupo Tragsa, una empresa del Estado, en Jésica Rodríguez, para del ex ministro Ábalos de la que cobró entre marzo y septiembre de 2021.
La auditoría interna de la empresa Tragsa sobre la contratación de Jésica Rodríguez, pareja entonces del ex ministro Ábalos, se inició en octubre de 2024. El informe desvela que la responsable del proyecto al que estaba asignada Jésica escribió a su sucesor, Pablo Boticario, para decirle que «han llamado a presidencia de Adif para decirle que qué pasa con Tragsa, que le estamos obligando a Jésica a hacer muchas cosas».
Efectivamente la llamada la realizó Koldo García, asesor del ministro, a Isabel Pardo de Vera, presidenta entonces de ADIF, que transmitió en la cadena el malestar del asesor del ministro por exigirle a Jésica que firmase los partes de trabajo.
Lo primero que detectó la auditoría fue es que no existían registros de fichajes en el sistema de teletrabajo para Jésica Rodríguez. La investigación además ha revelado deficiencias en supervisión y control, atribuibles a presión del cliente y comunicación insuficiente. El cliente en este caso era la propia ADIF, que con Pardo de Vera en su presidencia pidió a los responsables de recursos humanos de Tragsa que «dejasen de molestar» a la pareja del ex ministro.
Tragsa contrató una auditoría forense para verificar uso de medios informáticos y esclarecer hechos pendientes. La auditoría también recopiló declaraciones de personal implicado en procesos de selección y contratación.
LOS FICHAJES DE JÉSICA
Las conclusiones fueron que se detectaron prácticas «discrecionales» durante el proceso de selección, con 102 currículums enviados desde 2017 a 2024.
El 8 de abril de 2021 la responsable del proyecto, Virginia Barbancho, avisaba a un superior porque «tengo un asunto bastante delicado entre manos. Caridad creo que tiene el día libre y, en todo caso, por la naturaleza del asunto, al final acabaría llegando a ti». Ese «asunto» era que Jésica no fichaba desde el 1 de marzo y que, por tanto, no se podía justificar su trabajo.
La vacante de Jésica Rodríguez fue propuesta por Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif, que ya declaró en la comisión de investigación del Caso Koldo que «tuve conocimiento de Jésica Rodríguez tras una llamada de Pardo de Vera». Jésica era un trabajadora que provenía de otra empresa pública, INECO, sin pasar un entrevista técnica obligatoria.
Entre las conclusiones recogidas en un extenso informe se recoge que «se evidencia falta de control en fichajes y comunicación interna, con irregularidades en registros y alertas». También sostiene que la relación sentimental de Jéssica con el ministro, conocida como la «sobrina del ministro», fue conocida parcialmente y no documentada. Incluso se han encontrado evidencias de propuestas de contratación, registros de fichajes, comunicaciones y relaciones valoradas con la mención «sobrina del ministro».
El informe identifica incumplimientos en el proceso de selección, control horario y comunicación, con riesgos de irregularidades.
La auditoría evidenció que Jéssica «accedió a partes horarios al final de cada mes, excepto en septiembre, cuando no hubo accesos». Para ello los auditores accedieron a dispositivos de ADIF. El documento también aclara que algunos responsables no tenían conocimiento completo de las irregularidades o la «relación familiar» de Jéssica.
Este informe de auditoría es clave para entender el trato de favor que obtuvo la entonces pareja del ministro Ábalos, que está acusado del delito de malversación de fondos públicos al «enchufar» a la que era entonces su pareja.
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