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El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) rastrear las cuentas vinculadas a los exdirectivos de Acciona investigados por el presunto amaño de obras públicas, así como los productos financieros relacionados con la cooperativa Erkolan, en la que trabajó la hermana de Santos Cerdán.
El instructor responde así a la petición remitida por la unidad en la que se requería autorización para en dichas cuentas para indagar en la trazabilidad de los fondos que Servinabar, procedentes de Acciona, y delos que se habría beneficiado presuntamente el exsecretario de organización del PSOE.
El juez ha autorizado a los agentes a acceder a otras 23 cuentas, que se suman a un total de 500 títulos bancarios que ya estaban bajo el foco de la Guardia Civil vinculados con Cerdán y con varios empresarios y sociedades investigadas por el presunto pago de mordidas.
En concreto, los investigadores siguen los movimientos de los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso, además de los exdirectivos de Acciona Fernando Agustín Merino Vera, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconche.
Por el momento, los agentes han localizado casi 80 transferencias bancarias que vinculan al entorno de Santos Cerdán con empresas relacionadas con la trama, bien por su relación comercial con Servinabar o Acciona. Entre los movimientos bancarios bajo sospecha destacan decenas de transferencias realizadas desde empresas en las que estuvieron contratados varios familiares del 'exnúmero tres' del PSOE.
En total, la UCO investiga ya 600 cuentas y transferencias bancarias que serán cruciales para elaborar el informe patrimonial del exdiputado y rastrear el destino de las presuntas comisiones ilegales atribuidas al supuesto amaño de obras públicas por valor de más de 500 millones de euros.
Un informe emitido por el Instituto Armado el pasado mes de noviembre, ya apuntaba a la vinculación de la hermana de Cerdán con la cooperativa Erkolan, para la que había trabajado entre junio de 2020 y mayo de 2025. Ahora se investiga si parte de dichos fondos pudieron provenir del pago de mordidas, puesto que dicha empresa recibió una transferencia de 367.290 euros de Servinabar, empresa de la que Cerdán habría intentado adquirir el 45% de las participaciones sociales.
La empresa Servinabar, propiedad de Antxón Alonso también investigado en la trama de la SEPI, tuvo como empleado a otro familiar del que fuera el 'hombre fuerte de Ferraz. El cuñado de Cerdán trabajó para la sociedad vasca entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 por lo que percibió un total de 69 transferencias bancarias por más de 53.000 euros.
El análisis de la UCO ha sacado a relucir las relaciones económicas entre Acciona y Servinabar, de manera que al menos el 75,33% de los ingresos de la empresa de Antxón Alonso provienen de la constructora internacional.
Además, teniendo en cuenta que varias de las evidencias recogidas por la Guardia Civil apuntan a que Cerdán se habría beneficiado de gastos realizados con una de las tarjetas de la sociedad vasca, los investigadores consideran necesario la ampliación de la información bancaria para "continuar con el esclarecimiento de los hechos" y poner el foco sobre los movimientos económicos de los ex trabajadores de Acciona con los que el exsecretario de organización del PSOE habría mantenido varias reuniones.
Un centenar de dispositivos y una ingente cantidad de documentación
En paralelo, los agentes continúan analizando el contenido de casi un centenar de dispositivos en busca de evidencias vinculadas con el presunto cobro de mordidas. Entre los últimos dispositivos incautados destacan los 34 dispositivos incautados durante el registro de la vivienda de José Luis Ábalos y otra otra decena en los registros efectuados a varios empresarios.
En el caso de los registros realizados al socio de Cerdán, Antxón Alonso, y en la sede de Servinabar, parte de lo localizado en los cuatro dispositivos incautados fue clave para descubrir las actividades del conocido como el 'grupo Hirurok', formado por él, Leire Díez y Vicente Fernández. Gracias a estos registros se pudo vincular a estos tres investigados con el presunto amaño de contratos públicos vinculados a la SEPI o a otras empresas públicas dependientes.
Tal y como advirtió Puente, en el auto por el que se acordó investigar el amaño de obras relacionadas con Ábalos, Koldo y Cerdán en una pieza separada, esta parte de la investigación aún se encuentra en una fase incipiente debido, entre otras cosas, a la "ingente" cantidad de contenido informático que aún queda por analizar. En este sentido, la UCO sigue con el expurgo de lo localizado en los dispositivos incautados a Koldo García, entre los que destacan 23 teléfonos, y a Víctor de Aldama.
El empresario ya ha podido recuperar dos de estos dispositivos móviles, mientras la defensa del exasesor ministerial continúa pidiendo al Supremo la entrega de los mismos. Estas peticiones se han reiterado conforme se acerca la celebración del juicio por el 'caso mascarillas'.
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