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El rescate de Air Europa continúa siendo, cuatro años después de su aprobación, uno de los episodios más opacos de la presidencia de Pedro Sánchez. No solo por el volumen de recursos públicos movilizados —475 millones de euros— sino por la resistencia activa del Gobierno a entregar documentación esencial del expediente a quienes la han solicitado mediante los mecanismos previstos en la Ley de Transparencia.
Un rescate con nombres propios
La decisión de aprobar la operación se llevó a cabo en noviembre de 2020 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entonces bajo la órbita del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero. En el Consejo de Ministros participaron directamente el presidente Pedro Sánchez y la exministra de Economía, Nadia Calviño, principal defensora del rescate junto al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La operación tenía como beneficiario a Air Europa, perteneciente al grupo Globalia, vinculado históricamente a la familia Hidalgo. La justificación oficial fue evitar la caída de una aerolínea considerada estratégica para el turismo y las conexiones internacionales, especialmente tras el impacto de la pandemia.
Transparencia bloqueada pese a resoluciones en contra
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó que no existía base legal para imponer un secreto total sobre el expediente y ordenó la entrega de documentación clave. La SEPI, sin embargo, se negó. La misma actitud se ha mantenido incluso después de que la Audiencia Nacional se pronunciara obligando al Ejecutivo a facilitar determinados documentos.
El patrón es claro: cada vez que una resolución administrativa o judicial exige información, el Gobierno —a través de la Abogacía del Estado— presenta recursos para dilatar o anular la obligación de entrega. En la práctica, la estrategia funciona: cuatro años después, hay resoluciones, informes técnicos, actas y evaluaciones que siguen sin ver la luz.
SEPI como muro institucional
La SEPI, cuyo liderazgo político recae en última instancia en el Ejecutivo, ha sido el instrumento principal para frenar la transparencia. Ha rechazado facilitar, entre otros documentos:
resoluciones internas
informes técnicos y financieros
criterios de selección aplicados
evaluaciones de riesgos
actas del FASEE
La pregunta es evidente: ¿por qué un Gobierno que presume de transparencia se niega a mostrar cómo y por qué adjudicó casi 500 millones de euros a una empresa privada?
El papel de Ábalos y las sospechas sobre influencias políticas
La implicación de José Luis Ábalos, responsable del Ministerio de Transportes durante la operación, añadió una dimensión política adicional. No solo por los contactos de su ministerio con el sector, sino por las posteriores polémicas que rodearon su salida del Gobierno y su relación con intermediarios como Koldo García.
El contexto alimenta dudas que podrían haberse disipado mediante la transparencia documental que el propio Ejecutivo se niega a proporcionar.
Calviño, Montero y Sánchez: tres versiones, una misma negativa
Lo más llamativo es que ni Nadia Calviño —responsable del diseño operativo del rescate— ni María Jesús Montero —responsable de la SEPI— ni mucho menos Pedro Sánchez han dado explicaciones públicas completas sobre por qué se ha blindado la información incluso frente a resoluciones judiciales.
El discurso público se ha limitado a conceptos genéricos de “confidencialidad empresarial” y “protección de información sensible”, argumentos que el Consejo de Transparencia ya matizó señalando que no amparan el ocultamiento total del expediente.
Una lección peligrosa para la democracia
La negativa prolongada del Gobierno de Pedro Sánchez a entregar la documentación del rescate de Air Europa no es un asunto técnico: es político. Implica aceptar que un Ejecutivo puede movilizar recursos públicos millonarios, evitar controles externos durante años y recurrir sistemáticamente resoluciones judiciales para impedir que la ciudadanía conozca los detalles de sus decisiones.
Ese precedente, mantenido por Sánchez, Calviño, Montero y desmontado parcialmente tras la caída política de Ábalos, envía un mensaje inquietante sobre la cultura institucional del país: cuando la transparencia estorba, se litiga hasta que deje de ser un problema.
Algo que ninguna democracia consolidada debería normalizar.
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