Impacto España Noticias
Plus Ultra transportaba dinero en efectivo e inmigrantes ilegales en su ruta Madrid-Malabo, una conexión aérea que fue autorizada de manera acelerada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el verano de 2021 y que hoy se encuentra bajo investigación judicial. Detrás de esos vuelos, según documentación policial y grabaciones adelantadas por El Español, operaba una compleja red dedicada al blanqueo de capitales y a la entrada irregular de ciudadanos extranjeros en España.
Las pesquisas apuntan a que grandes cantidades de dinero eran trasladadas en fajos de billetes a bordo de los aviones mediante pasajeros utilizados como correos humanos o a través de equipajes previamente «autorizados».
Paralelamente, la Policía Nacional detectó desde ese mismo año la llegada al aeropuerto de Barajas de ciudadanos ecuatoguineanos —incluidos menores— que carecían de visado y portaban documentación falsificada. Todos ellos habían embarcado en Malabo en vuelos operados por Plus Ultra.
Los investigadores sostienen que la aerolínea tenía conocimiento previo del uso de documentos falsos en Guinea Ecuatorial para la emisión de billetes y para facilitar que estos migrantes accedieran al territorio español. La operativa se realizaba a través de una supuesta aerolínea local, Punta Europa Aviación, que en realidad nunca fue una compañía aérea como tal, sino una agencia de viajes sin Certificado de Operador Aéreo, el permiso indispensable para volar de forma regular.
Pese a esta carencia esencial, la ruta Madrid-Malabo recibió luz verde por parte de las autoridades de España y Guinea Ecuatorial. La autorización se tramitó en apenas 72 horas: la solicitud se registró el viernes 13 de agosto de 2021 y fue aprobada el lunes 16 por la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Transportes. En aquel momento, el departamento ya estaba dirigido por Raquel Sánchez, tras la salida de José Luis Ábalos semanas antes.
No obstante, durante esas fechas Ábalos se encontraba en Guinea Ecuatorial acompañado de su exasesor Koldo García y del médico Ignacio Palomo, vinculado al entorno del régimen de Teodoro Obiang. Palomo gestionaba una clínica de fertilidad en Oyala, un proyecto empresarial en el que participaban sociedades relacionadas con la familia presidencial y en el que también estuvo implicada Guillermina Mekuy, exministra y expareja del doctor.
Punta Europa Aviación, presidida por Alejandro Envoro Ovono —persona muy cercana a Obiang—, actuó como socio local de Plus Ultra en esta ruta internacional. Envoro Ovono es actualmente senador y dirige la Comisión de Seguimiento del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, formación que controla por completo el Parlamento del país africano. A lo largo de los años, la empresa operó vuelos en alianza con Privilege Style, Wamos Air y finalmente con Plus Ultra, sin haber obtenido nunca el AOC.
La trama está siendo investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una causa que permanece bajo secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En este procedimiento se indagan delitos de fraude y blanqueo de capitales relacionados con la cúpula de Plus Ultra y varios empresarios vinculados a la compañía.
El 11 de diciembre fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su consejero delegado, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según fuentes de la investigación, los implicados habrían tenido conocimiento de que estaban siendo investigados con dos meses de antelación, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a ordenar a la UDEF que limitara la información interna para evitar nuevas filtraciones y posibles destrucciones de pruebas. Los investigadores apuntan a que el aviso solo pudo salir del entorno del Ministerio del Interior.
Además del entramado africano, la causa analiza el origen de los fondos supuestamente blanqueados, que procederían de operaciones irregulares vinculadas a funcionarios venezolanos.
En concreto, se investigan flujos de dinero relacionados con los programas de alimentos del chavismo (CLAP) y con la venta de oro del Banco Central de Venezuela. En 2021, el Gobierno español aprobó un rescate público de 53 millones de euros para Plus Ultra, una aerolínea que, según la investigación, mantenía estrechos vínculos con intereses chavistas y operaba en el centro de una red internacional de corrupción.
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