La afirmación llega en un contexto complejo, marcado por meses de advertencias, informes técnicos y comunicaciones sindicales que señalaban el desgaste acumulado de diversos tramos de la red, así como la necesidad de limitar la velocidad máxima
Nacional19 de enero de 2026 JSLa comparecencia pública del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que aseguró no tener constancia del deterioro de las líneas de Alta Velocidad que han estado en el centro de las investigaciones tras el reciente accidente ferroviario, ha abierto una grieta política y técnica de primer orden.
La afirmación llega en un contexto complejo, marcado por meses de advertencias, informes técnicos y comunicaciones sindicales que señalaban el desgaste acumulado de diversos tramos de la red, así como la necesidad de limitar la velocidad máxima para evitar daños mayores.
La estrategia discursiva del “no tenía información” es recurrente en la política contemporánea, pero en materia ferroviaria las palabras siempre cargan un peso adicional. El sector funciona sobre dos pilares: prevención y responsabilidad. Ninguno de los dos admite vacíos informativos prolongados. Y en este caso, la secuencia de hechos tensiona la credibilidad de la versión oficial.
Óscar Puente ha persistido no sólo en negar que hubiera deficiencias en los sistemas de Alta Velocidad sino que ha llegado incluso a ridiculizar a quienes le pedían responsabilidades y le exigían soluciones.
«Vamos a explicarle a Paco y a todos los Pacos (generalmente de derechas) las diferencias entre la España ferroviaria de los 90 y la de hoy», comenzaba diciendo el ministro de Transportes en un tuit que difundió hace cinco meses, el 31 de agosto de 2025. Para entonces, los maquinistas habían alertado del mal estado de las vías y habían urgido a que, por seguridad, en varios trazados se redujera la velocidad máxima permitida hasta que se resolvieran esas carencias.
Aquellas advertencias de los maquinistas coincidieron en el tiempo con ese tuit de Óscar Puente en el que, tras ridiculizar a quienes criticaban el estado de las líneas de Alta Velocidad y los peligros que suponían, el ministro presumía de que «España vive el mejor momento ferroviario de su historia, aunque a la derecha paleta, ignorante y aislacionista española le cueste entenderlo».
Alertas previas: un historial incómodo
La existencia de advertencias formales sobre el estado de la infraestructura no pertenece al terreno de la especulación: consta por escrito. En agosto del pasado año, el sindicato mayoritario de maquinistas remitió comunicaciones oficiales a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y a responsables de Adif alertando del “estado general de las líneas” en varios corredores de Alta Velocidad. En aquellos textos se describían baches, garrotes, vibraciones, desajustes de catenaria e inestabilidades de rodadura que afectaban tanto a la comodidad del viaje como al desgaste del material rodante.
Lejos de ser un asunto estético, se trataba de una advertencia técnica con implicaciones operativas claras: se solicitaba reducir la velocidad máxima a 250 km/h hasta que la red recuperase condiciones óptimas. La petición no procedía de analistas externos ni de voces políticas en busca de foco, sino de quienes conducen los trenes a diario y conocen el comportamiento de la infraestructura desde el asiento que más revela sus defectos: la cabina.
El discurso frente a los hechos
En este contexto, el relato del ministro resulta problemático no tanto por su contenido como por su incompatibilidad con la cadena documental existente. Una cosa es desconocer un problema menor, otra es no haber recibido —directamente o a través de los organismos competentes— alertas sostenidas sobre un asunto que afecta a la seguridad de la explotación ferroviaria.
El supuesto desconocimiento plantea, de hecho, dos escenarios posibles, ambos incómodos:
Si las alertas no ascendieron al ministerio, implica una falla estructural de comunicación en un sistema que no admite dicho tipo de fallos.
Si ascendieron y no se actuó, la responsabilidad se desplaza hacia la decisión política, no hacia la técnica.
Ninguno de los dos escenarios sostiene la línea argumental con la tranquilidad que el Gobierno intenta transmitir.
El peso de la infraestructura y el factor reputacional
La Alta Velocidad española ha sido durante dos décadas una de las joyas tecnológicas del país —y también una poderosa herramienta narrativa—. Precisamente por eso, cualquier grieta en esa imagen tiene efectos multiplicadores. No es casual que los incidentes recientes hayan reabierto debates sobre inversión en mantenimiento, prioridades presupuestarias y la tentación de privilegiar inauguraciones frente a conservación.
En el ámbito ferroviario, la infraestructura tiene un enemigo silencioso: el tiempo. Intensidad de paso, temperaturas extremas, dilataciones, cargas y nuevas flotas más pesadas incrementan la fatiga de los materiales. La red requiere inversión recurrente y planificación a largo plazo. Abordar estos factores no es una cuestión de voluntad política puntual, sino de cultura institucional.
Cuando la retórica llega tarde
En política, la gestión del relato es casi tan importante como la gestión material. Sin embargo, cuando el accidente ya ha ocurrido y la documentación previa existe, el margen retórico se estrecha. Alegar desconocimiento no resuelve el problema técnico, y tampoco satisface la exigencia ciudadana de responsabilidad.
A partir de ahora, el debate no girará en torno a si el ministro estaba o no al tanto, sino en torno a cómo es posible que no lo estuviera en caso de ser cierto. Y esa pregunta no afecta solo a un dirigente concreto, sino al modelo completo de supervisión del sistema ferroviario español.
La hora de las respuestas
El país no necesita más declaraciones defensivas ni gestos de indignación pública, sino explicaciones operativas:
¿Quién recibió las alertas?
¿Qué se hizo con ellas?
¿Por qué no se adoptaron medidas preventivas?
¿Qué cambios se introducirán para evitar que un aviso técnico se pierda en el laberinto institucional?
La gestión del accidente ya no es solo un asunto ferroviario, sino político. Y si algo ha enseñado la historia del transporte es que cuando falla la cadena de responsabilidad, no basta con alegar desconocimiento. La seguridad no admite vacíos narrativos. Tampoco la ciudadanía.
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