Sánchez financiará trasvases en Marruecos mientras planea acabar en España con el Tajo-Segura

La política hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de la polémica. Mientras el Ejecutivo impulsa, a través de acuerdos bilaterales y financiación internacional, proyectos de trasvase y desalación en Marruecos, en España avanza un plan que pone en riesgo la continuidad del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura clave para el abastecimiento urbano y agrícola del sureste peninsular.

 La contradicción ha generado un fuerte malestar en comunidades como Murcia, Alicante y Almería, donde agricultores, regantes y gobiernos autonómicos denuncian que el Gobierno prioriza intereses exteriores mientras recorta el agua disponible para el campo español.

Apoyo a infraestructuras hídricas en Marruecos
España participa, directa o indirectamente, en programas de cooperación y financiación internacional que refuerzan la capacidad hídrica de Marruecos, incluyendo infraestructuras de trasvase, desalación y modernización de redes de riego. Estas iniciativas cuentan con el respaldo político del Ejecutivo y se enmarcan en la estrategia de buena vecindad con Rabat, considerada prioritaria tras el giro diplomático sobre el Sáhara.

 Desde el Gobierno se defiende que estas inversiones favorecen la estabilidad regional y contribuyen al desarrollo sostenible del país vecino. Sin embargo, la comparación resulta inevitable cuando, al mismo tiempo, se endurecen las restricciones al trasvase Tajo-Segura en territorio nacional.

El Tajo-Segura, cada vez más limitado
En España, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene una hoja de ruta que incrementa los caudales ecológicos del Tajo, lo que en la práctica reduce de forma progresiva el agua trasvasable al Segura. Las nuevas reglas de explotación, junto a futuras revisiones normativas, amenazan con hacer inviable el trasvase tal y como se conoce hoy.

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 Los regantes alertan de que esta política supondrá pérdidas millonarias, destrucción de empleo y un golpe directo a uno de los principales motores agroalimentarios de Europa. «Nos quitan el agua aquí mientras financian trasvases fuera», resumen desde el sector agrícola del sureste.

Acusaciones de doble rasero
Gobiernos autonómicos, organizaciones agrarias y partidos de la oposición acusan al Ejecutivo de aplicar un doble rasero: restricciones severas para el campo español y mano abierta para proyectos hídricos en Marruecos. Consideran que la política del agua se ha convertido en una herramienta ideológica y diplomática, desligada de las necesidades reales del territorio.

 Además, denuncian que no existe una alternativa realista que compense el recorte del trasvase. La desalación, argumentan, no cubre la demanda, es más cara y tiene un impacto energético elevado.

Un conflicto con impacto político y social
El debate sobre el agua vuelve así a convertirse en un conflicto de primer orden, con implicaciones económicas, sociales y electorales. El sureste español teme quedar relegado en favor de acuerdos internacionales mientras se sacrifica su modelo productivo.

 La sensación de agravio crece a medida que se conocen nuevos proyectos financiados fuera de España, alimentando la percepción de que el Gobierno protege más los intereses hídricos de Marruecos que los de regiones enteras del país.

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