Salvador Illa acelera el calendario para sacar adelante su plan de limitar la compra de pisos cuando no sea para destinarlos a vivienda habitual, especialmente en las zonas declaradas de mercado tensionado. Según ha explicado la consellera de Vivienda y portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, el grupo de expertos creado junto a los comuns tendrá listo esta semana su primer informe sobre la viabilidad jurídica y práctica de frenar las operaciones consideradas «especulativas».
La medida forma parte de las condiciones impuestas por los comuns, socios de investidura de Illa, para negociar y aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026. El partido de Jéssica Albiach ya ha advertido de que la limitación de la compra de vivienda para usos distintos al residencial estará «en el centro» de la negociación y se vincula al cumplimiento de pactos previos con el PSC.
El debate saltó a la primera línea política después de que el Área Metropolitana de Barcelona elaborara un informe que avalaba introducir restricciones temporales a la compra de vivienda en zonas tensionadas, con el objetivo declarado de combatir la especulación. A partir de ese documento, CUP y comuns reclamaron a Illa pasos concretos y un calendario para traducir esas ideas en cambios normativos.
Los trabajos del grupo de expertos se centran en fórmulas para restringir la compra de pisos cuando no se destinen a residencia habitual, con especial atención a segundas viviendas y operaciones de inversión en áreas con fuerte presión de precios.
La llamada de emergencia del maquinista del Iryo tras el accidente: "He sufrido un descarrilamiento"Entre las opciones analizadas figuran límites temporales y acotados geográficamente, de modo que solo se permita adquirir una segunda vivienda en otro municipio o se exija destinar los edificios comprados íntegramente al alquiler con contratos de varios años, evitando su uso turístico.
La consellera Paneque ha subrayado que cualquier propuesta deberá encajar en el marco constitucional, que reconoce el derecho de propiedad, pero también su función social, y ha admitido la complejidad jurídica de cualquier intento de prohibir de facto determinadas compras. Illa, por su parte, insiste en que no le «temblarán las piernas» si la medida sirve, a su juicio, para garantizar el llamado derecho a la vivienda, siempre que las soluciones sean «realistas» y respeten el marco legal vigente.
En paralelo a este debate, la Generalitat tramita actualmente 65 expedientes sancionadores por posibles incumplimientos de la ley autonómica de vivienda, tanto por anuncios de alquiler que no respetan la información exigida como por superar los topes de precio en zonas tensionadas.
Así lo ha confirmado la propia Paneque, que ha defendido que estos procedimientos avanzan con cautela para garantizar la seguridad jurídica, aunque los comuns reclaman más rapidez y contundencia sancionadora antes de avalar las cuentas.
El plan de Illa para limitar la compra de pisos que no sean para vivir en ellos se produce en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario catalán, donde diversos informes apuntan a la falta de oferta como uno de los factores que presionan al alza los precios.
Expertos en derecho y mercado inmobiliario han advertido, además, de qué medidas que se acerquen a una prohibición general de la compraventa podrían chocar con la Constitución y generar un clima de inseguridad jurídica que retraiga la inversión y reduzca aún más la oferta disponible.
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