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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha solicitado la expulsión del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.
La representación legal de este empresario ha pedido anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal, según recoge EFE.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, González Amador pide en primer término que se anule dicho decreto y se le dé oportunidad de formular alegaciones, al considerarse «víctima de los hechos protagonizados» por García Ortiz y, por tanto, tener «interés legítimo» en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
El pasado mes de noviembre, el Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda. Aquella sentencia veía «excesiva» que esa pena afectase a su continuidad en la carrera fiscal, pero determinó que no correspondía al Supremo decidir sobre su expulsión o suspensión como fiscal.
Días después, la Inspección Fiscal estudió el asunto y dio su visto bueno para que Álvaro García Ortiz -que estaba en régimen de servicios especiales como fiscal general- se incorporase a la carrera, y la nueva fiscal general del Estado acordó su reingreso.
Fuentes fiscales explicaron a EFE que el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado porque se impuso a García Ortiz una pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por tiempo de dos años, «sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales».
Sin embargo, en su recurso, de manera subsidiaria a que se le permita hacer alegaciones, la pareja de Díaz Ayuso argumenta que procede la «incapacidad» de García Ortiz para las funciones fiscales «por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses».
Esa causa de «incapacidad» y la pena principal de inhabilitación conduce a «la pérdida de la condición de fiscal», según González Amador, que se apoya en su escrito en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal. Según el empresario, esta última norma determina que para la rehabilitación en la carrera, es necesario justificar que el afectado tiene «extinguida la responsabilidad penal y civil» y que le han sido cancelados los antecedentes penales, lo que en el caso de García Ortiz -dice- se produciría en 2029.
Cita, por ejemplo, el artículo 35 del reglamento, que establece que la «pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca».
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